Desde enero de 1982 a la fecha he escrito quién sabe cuántas columnas sobre el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Por ejemplo, el 5 de febrero de 1999 escribí:
“El año pasado la administración federal gastó 1,103 millones para tratar de batir al narco. Este año el monto será 45% superior: 1,600 millones. De enero de 1995 a diciembre de 1999, el total de recursos destinados a combatir al narco sumará poco más de 4,000 millones. En dólares, esta última cantidad equivaldrá a aproximadamente 430.3 millones… nuestro país sigue siendo el lugar de paso de aproximadamente el 60% de la cocaína y del 80% de los precursores de metanfetaminas…
“Pese a lo dicho y hecho durante décadas por presidentes de la república, procuradores generales, secretarios de la Defensa, de Marina y de Gobernación, por cualquier burócrata que de alguna manera participa en el esfuerzo gubernamental antinarcóticos, y por policías judiciales y soldados, los traficantes de la muerte tienen cada vez más poder en nuestro país. Pese a los cientos de millones de dólares que el gobierno casi quebrado de un país pobre gasta para combatirlos, las bandas narcotraficantes siguen operando con más impunidad que nunca…
“… estas corporaciones criminales tienen acceso cotidiano a fabulosas cantidades de dinero que les da el poder para influir y corromper cualquier aspecto de la sociedad, de la estructura política y hasta la economía de las naciones donde operan.
“El gasto multimillonario que se destina para combatir a los traficantes de la droga es un gasto inútil, un despilfarro”.
Casi 2 años después, el 24 de diciembre de 2010, escribí:
“73% de los municipios de nuestro país están infiltrados por la delincuencia organizada y, de acuerdo a fuentes militares, entre el 55% y el 65% de los candidatos en las elecciones de 2009 recibieron dinero de criminales para financiar parcial o totalmente sus campañas electorales.
“El creciente control de la delincuencia organizada no solo es sobre municipios y legisladores locales y federales. Algunos analistas aseguran que el 50% de los juzgados federales y locales también han sido corrompidos por quienes están al frente de los cárteles.
“No hay estudios que indiquen qué tanto ha penetrado la delincuencia organizada a los gobiernos federal y estatales y, si los hay, seguramente están resguardados en la más inaccesible de las cajas fuertes que existen en México o fueron destruidos “por órdenes superiores”. En las páginas de “Los Señores del Narco” (Grijalbo, México, Noviembre 2010), el libro de Anabel Hernández que se ha convertido en uno de los más vendidos de los últimos meses, se leen los nombres de ex presidentes de la república, secretarios y ex secretarios de estado, gobernadores y ex gobernadores, empresarios, policías y otros personajes que han tenido diversos vínculos con el narco”.
Con los antecedentes arriba anotados, no debe sorprendernos de que un exsecretario de Seguridad Pública, un exsecretario de la Defensa, entre otros exfuncionarios mexicanos, estén presos en Estados Unidos después de ser acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Lo que sí debe sorprendernos es que la mayoría de ellos ni siquiera eran investigados en México antes de ser arrestados en EEUU.
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