“La Sección 731 de la Ley de Implementación del T-MEC, el Congreso [de EEUU] creó la Junta Laboral de Expertos Independientes para México (…) con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones laborales…”.
Lo anterior es parte del primer párrafo con el que la mencionada Junta justifica estatutariamente el Reporte Provisional que emitió el lunes pasado, el cual “se centra en la aplicación de las leyes mexicanas que protegen la libertad de asociación y la negociación colectiva, derechos laborales fundamentales que son elementos esenciales de las reformas de la legislación laboral de 2019”.
El Capítulo III del reporte –Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Laboral de México y el Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales– analiza en su primera parte “la manera y el grado en que las leyes laborales generalmente se aplican en México” y concluye que el sector empresarial ha suprimido los derechos de los trabajadores y contribuido a mantener sumamente bajos sus salarios.
Algo de lo que señala el reporte: “La población económicamente activa de México en el tercer trimestre de 2020 era de 53.8 millones. De esta población, 35 millones son trabajadores asalariados, pero solo unos 23 millones se definen como empleados formales (…) Solo alrededor de 4.4 millones de trabajadores están sindicalizados (según datos de 2018), y aproximadamente la mitad de ellos en el sector privado. Un gran porcentaje de trabajadores del sector privado sindicalizados están cubiertos por ‘contratos de protección’ –‘convenios colectivos’– firmados entre empleadores y sindicatos de ‘protección’ dominados por empleadores sin la participación o incluso el conocimiento de los trabajadores que el sindicato pretende representar (…) El propósito del contrato de protección es asegurar salarios bajos y malas condiciones y ‘proteger’ al empleador de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, que insistiría en mejores salarios y condiciones de trabajo (…) la mayoría de los contratos de protección dan a los empleadores una amplia discreción para fijar salarios, horarios de trabajo y otras condiciones laborales. Esto ha significado que millones de trabajadores mexicanos hayan trabajado horas extremadamente largas (las más largas entre los países de la OCDE) por salarios muy bajos (el salario promedio más bajo entre los países de la OCDE), a menudo en condiciones de trabajo peligrosas y sin medios efectivos para reivindicar sus derechos. Combinado con las políticas de anteriores gobiernos mexicanos para mantener bajos los salarios mínimos, el resultado fue que no hubo convergencia con los salarios estadounidenses en sectores como el manufacturero (…) al menos el 75% de los convenios colectivos actuales son contratos de protección (…) Los trabajadores y líderes sindicales independientes que desafían este sistema han enfrentado repetidas veces vigilancia, hostigamiento, amenazas, arrestos, violencia física y asesinatos”.
Después de lo que señala en su reporte la Junta Laboral de Expertos Independientes, no tienen autoridad moral los supuestos líderes del sector empresarial que han arremetido contra el más reciente aumento al salario mínimo.
Twitter: @ruizhealy
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En su declaración señalan que “Los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en estos tres años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente” y que la prórroga del 2024 al 2028 “no solo extiende la actuación constitucional de la Guardia nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplia por 4 años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y eso potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones”.
Como muchos, opino que el Congreso violó el Artículo 21 cuando, para traspasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la de la Defensa Nacional, reformó las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Ley de Ascensos y Recompensas. Espero que así también opine la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deba resolver en torno a la acción de inconstitucionalidad que presentarán los legisladores de oposición.
También, como muchos, estoy en contra de que las fuerzas armadas se encarguen, quién sabe hasta cuándo, de las tareas de seguridad pública.
Sin embargo, para resolver la crisis de seguridad que vivimos los mexicanos parece no haber otra solución que la de recurrir a las fuerzas armadas porque es un hecho que la mayoría de los cuerpos policiacos municipales y estatales son incapaces de garantizar la seguridad de la población dentro de sus respectivos territorios debido a que tienen a demasiados corruptos en sus filas y/o porque están coludidos con o sometidos por la delincuencia organizada.
El PAN y el PRD tienen razón cuando afirman que “la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente”, pero parecen olvidar que las estrategias de los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto también fracasaron rotundamente, como las cifras lo demuestran.
Lo que deberían hacer los dirigentes de todos los partidos de oposición, además de señalar que no ha funcionado la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es proponer alternativas para resolver el problema y tratar de convencernos de que sí lograrán disminuir la violencia si vuelven a gobernar al país. Si no las han propuesto es porque no las tienen.
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string(3580) "El 22 de julio pasado, en Puerto Vallarta, el reportero Miguel Arzate le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa que ese día ofreció en esa ciudad, lo siguiente: “Ayer nos adelantaba que, en estas consultas sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, va a participar Jesús Seade (…) ¿cuál será la estrategia que tendrá Jesús Seade en estas consultas?”.
La respuesta de AMLO, como tantas que acostumbra a dar, fue extensa, de 1247 palabras que pronunció en casi 19 minutos y medio. Y también, como suele ocurrir con frecuencia, no respondió la pregunta que se le hizo.
Empezó diciendo que “no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso”. Luego habló de muchas cosas, pero de Seade se refirió solo dos veces vez al decir que “Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta [del T-MEC], le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces…”. Luego explicó que se opuso a lo que para él era entregar la soberanía de la nación sobre sus recursos y la manera en que finalmente quedó redactado el T-MEC para protegerlo de un “un legado de traición a México, que ya habían negociado” los representantes de Enrique Peña Nieto. Concluyó diciendo que “Ayer le pedí yo a Jesús que lo diera a conocer, a ver si hoy se puede, de cómo estaba esto que quedó así”.
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Curiosamente, Andrés Manuel cambió de opinión y ayer dijo en su conferencia de prensa que “… no voy a referirme el 16 a ese tema, voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania, y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz”. Aparentemente una carta que le envió el presidente estadounidense Joe Biden influyó en su decisión.
Al referirse a dicha carta explicó que “hay un tono distinto, una actitud de respeto; mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía. Y lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, pues no fue el más diplomático ni lo que merecemos. Entonces, se entendió de que no es por ahí, de que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones. Y hay disposición del presidente Biden, les explicaba, les di a conocer un pedazo de la carta. Y nosotros también estimamos la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso pues no tiene caso seguir alentando diferencias”.
¿Para entender mejor su cambio de actitud, no sería conveniente que el presidente hiciera pública toda la carta de Biden y no solo una parte de la misma? Porque, francamente hablando, su giro de 180 grados resulta inexplicable y no puede deberse solo a que Biden utilizó un tono o un “modito” que le agradó, muy diplomático como el que él merece.
Twitter: @ruizhealy
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