Sí se puede evaluar la honestidad de candidatos

El año pasado, los que pagamos impuestos en México le entregamos a los partidos políticos...

4 de febrero, 2016

El año pasado, los que pagamos impuestos en México le entregamos a los partidos políticos, por vía del Instituto Nacional Electoral (INE), un total de casi 5,400 millones de pesos.

Concluidos los procesos electorales de 2015 los partidos le reportaron al INE que gastaron unos 2,800 millones en las campañas. 1,020 millones fueron para sus candidatos federales y 1,752 millones para sus candidatos locales. De esta segunda cantidad, 600 millones se fueron en las campañas de los candidatos a las nueve gubernaturas en juego ese año.

Este año, la cantidad de nuestros impuestos que irá a parar a las cuentas bancarias y cajas fuertes de los partidos y tal vez a los bolsillos de muchos militantes de los mismos será, también en números redondos, de 3,954 millones de pesos. De este total, 1,008 millones serán para el PRI, 762 millones para el PAN, 457 millones para el PRD, 382 millones para Morena, 339 millones para el PVEM, 314 millones para MC, 243 millones para PANAL, 231 millones para PES y 218 millones para el resucitado PT.

A pesar del financiamiento público que reciben, el PAN, PRD y Morena ahora exigen que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a sus candidatos a cargos de elección popular para determinar si alguno de ellos es un delincuente o está de alguna manera relacionado con delincuentes u organizaciones criminales. Y lo exigen a sabiendas que la PGR no puede hacerlo debido a que de por sí no es capaz de investigar y resolver la mayoría de los delitos del fuero federal que se cometen.

De acuerdo a datos proporcionados por el Centro nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se denunciaron 69,445 delitos del fuero federal, los cuales, según el Instituto nacional de Geografía y Estadística (INEGI) solo representaron el 10% de los delitos perpetrados. De estos casi 70,000 delitos denunciados, muy pocos, menos del 10%, se resolvieron satisfactoriamente. Esta alta tasa de impunidad se debe a múltiples razones, entre ellas la ausencia de personal altamente capacitado dentro de la propia PGR.

Los partidos políticos mencionados, en lugar de exigir absurdos, tal vez deberían asesorarse de expertos del sector privado que desde hace muchos años utilizan distintos métodos para detectar antecedentes criminales o conductas potencialmente deshonestas en las personas que les solicitan empleo. El PAN, PRD, Morena y los demás partidos podrían aplicar a su candidatos diversas pruebas de integridad y honestidad altamente sofisticados que no incluyen el uso del fraudulento polígrafo o detector de mentiras tan utilizado por nuestras autoridades.

Los partidos también podrían exigirle a quienes quieren ser sus candidatos que permitan que sean examinados los contenidos de sus cuentas de Facebok, Twitter, WhatsApp, Telegram, otras redes sociales y correo electrónico para examinar sus contenidos y cerciorarse de que no ha incurrido en conductas deshonestas.

En fin, hay muchos métodos para reducir el riesgo de que un candidato sea una persona deshonesta o vaya a serlo en el corto plazo. Y utilizarlos es menos costoso de lo que uno podría imaginarse.  

En lo que resta de este año los mexicanos en 12 estados elegirán a 965 presidentes municipales, 239 diputados locales de mayoría, 149 diputados plurinominales y 12 gobernadores. Esto significa que, en el mejor de los casos, cada partido presentará a 1,365 candidatos para cada uno de esos cargos de elección.

Supongamos entonces que serán 12,285 candidatos por los nueve partidos. Supongamos también que evaluar científicamente a cada uno de ellos mediante pruebas de honestidad e integridad tenga un costo, muy exagerado, de 3,000 pesos, lo que significaría que el costo total de evaluar a todos sería de 36,855,000 pesos, cantidad que equivale al 0.9% del total del financiamiento que este año recibirán los nueve partidos políticos nacionales.

Los partidos políticos podrían haber hecho lo que aquí sugiero desde hace muchos años. La pregunta obligada es ¿por qué no lo han hecho?

Comentarios
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Solo en 2020 se embarcaron poco más de un billón de ellos a los fabricantes de los productos que los utilizan y es difícil imaginar un mundo sin ellos. Las principales fábricas de chips se localizan en Taiwán, Corea, Japón y China, países que, desde que empezó la pandemia de COVID-19, ordenaron en varias ocasiones la suspensión de gran parte de sus actividades económicas para evitar la propagación del coronavirus SAR-CoV-2 y sus variantes, especialmente la denominada Delta. A causa de estas suspensiones se interrumpió varias veces su producción y se alargaron los tiempos de entrega. Antes de la pandemia los chips normalmente se surtían en 4 a 8 semanas; ahora se entregan en un mínimo de 12 semanas y un máximo de 52. Lo anterior ha causado una crisis en los procesos de fabricación de todos los productos que utilizan chips, lo que ha provocado que la oferta de dichos productos esté muy por debajo de la demanda, lo que a su vez ha generado un aumento en sus precios. La falta de chips se observa claramente en la industria automotriz. Un automóvil moderno, dependiendo de la marca y el modelo, contiene entre 1400 y 3000 chips que controlan múltiples procesos del vehículo, desde las luces de freno, indicadores de vuelta, luces interiores y exteriores, elevadores de ventanas, calefacción, cámaras, limpiaparabrisas, cierre centralizado, centro de entretenimiento y bomba de combustible, hasta los sensores de puertas, estacionamiento, oxígeno, desgaste de frenos, control de la suspensión, colisión y muchos más. Por la falta de chips las plantas automotrices alrededor del mundo, México incluido, se han visto forzadas a suspender varias veces sus operaciones. Por ejemplo, de acuerdo con información difundida ayer por Bloomberg, la escasez de microprocesadores “provocó que las plantas de producción de México funcionaran a poco más de 50% de su capacidad en agosto”. La crisis de los chips no solo afecta la producción de autos en nuestro país, sino también la de otros productos de exportación que los utilizan, entre ellos computadoras y camiones de reparto. En 2019, antes de que golpeara la pandemia, estos tres productos representaron el 23.4% de las exportaciones mexicanas o 112 400 millones de dólares (autos: 53 100 millones; computadoras: 32 400 millones; camiones de reparto: 26 900 millones). Para satisfacer la creciente demanda de chips, se están construyendo seis fábricas en Estados Unidos, tres en Europa y el Medio Oriente, ocho en China, ocho más en Taiwán, dos en Corea y dos en Japón. Las 29, que serán concluidas entre este año y el entrante, implican una inversión de 140 000 millones de dólares. El futuro de la economía mundial depende, ahora sí, de un artículo tan minúsculo como un chip. 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La CELAC debe entender que “con dinero baila el perro” y “el dinero manda”

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