Sí se puede evaluar la honestidad de candidatos

El año pasado, los que pagamos impuestos en México le entregamos a los partidos políticos...

4 de febrero, 2016

El año pasado, los que pagamos impuestos en México le entregamos a los partidos políticos, por vía del Instituto Nacional Electoral (INE), un total de casi 5,400 millones de pesos.

Concluidos los procesos electorales de 2015 los partidos le reportaron al INE que gastaron unos 2,800 millones en las campañas. 1,020 millones fueron para sus candidatos federales y 1,752 millones para sus candidatos locales. De esta segunda cantidad, 600 millones se fueron en las campañas de los candidatos a las nueve gubernaturas en juego ese año.

Este año, la cantidad de nuestros impuestos que irá a parar a las cuentas bancarias y cajas fuertes de los partidos y tal vez a los bolsillos de muchos militantes de los mismos será, también en números redondos, de 3,954 millones de pesos. De este total, 1,008 millones serán para el PRI, 762 millones para el PAN, 457 millones para el PRD, 382 millones para Morena, 339 millones para el PVEM, 314 millones para MC, 243 millones para PANAL, 231 millones para PES y 218 millones para el resucitado PT.

A pesar del financiamiento público que reciben, el PAN, PRD y Morena ahora exigen que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a sus candidatos a cargos de elección popular para determinar si alguno de ellos es un delincuente o está de alguna manera relacionado con delincuentes u organizaciones criminales. Y lo exigen a sabiendas que la PGR no puede hacerlo debido a que de por sí no es capaz de investigar y resolver la mayoría de los delitos del fuero federal que se cometen.

De acuerdo a datos proporcionados por el Centro nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se denunciaron 69,445 delitos del fuero federal, los cuales, según el Instituto nacional de Geografía y Estadística (INEGI) solo representaron el 10% de los delitos perpetrados. De estos casi 70,000 delitos denunciados, muy pocos, menos del 10%, se resolvieron satisfactoriamente. Esta alta tasa de impunidad se debe a múltiples razones, entre ellas la ausencia de personal altamente capacitado dentro de la propia PGR.

Los partidos políticos mencionados, en lugar de exigir absurdos, tal vez deberían asesorarse de expertos del sector privado que desde hace muchos años utilizan distintos métodos para detectar antecedentes criminales o conductas potencialmente deshonestas en las personas que les solicitan empleo. El PAN, PRD, Morena y los demás partidos podrían aplicar a su candidatos diversas pruebas de integridad y honestidad altamente sofisticados que no incluyen el uso del fraudulento polígrafo o detector de mentiras tan utilizado por nuestras autoridades.

Los partidos también podrían exigirle a quienes quieren ser sus candidatos que permitan que sean examinados los contenidos de sus cuentas de Facebok, Twitter, WhatsApp, Telegram, otras redes sociales y correo electrónico para examinar sus contenidos y cerciorarse de que no ha incurrido en conductas deshonestas.

En fin, hay muchos métodos para reducir el riesgo de que un candidato sea una persona deshonesta o vaya a serlo en el corto plazo. Y utilizarlos es menos costoso de lo que uno podría imaginarse.  

En lo que resta de este año los mexicanos en 12 estados elegirán a 965 presidentes municipales, 239 diputados locales de mayoría, 149 diputados plurinominales y 12 gobernadores. Esto significa que, en el mejor de los casos, cada partido presentará a 1,365 candidatos para cada uno de esos cargos de elección.

Supongamos entonces que serán 12,285 candidatos por los nueve partidos. Supongamos también que evaluar científicamente a cada uno de ellos mediante pruebas de honestidad e integridad tenga un costo, muy exagerado, de 3,000 pesos, lo que significaría que el costo total de evaluar a todos sería de 36,855,000 pesos, cantidad que equivale al 0.9% del total del financiamiento que este año recibirán los nueve partidos políticos nacionales.

Los partidos políticos podrían haber hecho lo que aquí sugiero desde hace muchos años. La pregunta obligada es ¿por qué no lo han hecho?

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No aumentar el límite de la deuda podría ser catastrófico para EEUU y el mundo; causaría una nueva y enorme crisis financiera que empobrecería y dejaría sin trabajo a miles de millones de personas. Al no aumentarse el límite de su deuda, el gobierno dejaría de pagar el dinero que les debe a los tenedores de los bonos del Tesoro que ha emitido para recaudar los fondos necesarios para compensar el déficit generado por el gobierno al gastar más dinero del que recauda en impuestos. Si el gobierno de EEUU no pudiera pagarle el dinero que les debe a los tenedores de bonos, el valor de los mismos disminuiría y, al considerarse como una inversión insegura, aumentaría su rendimiento o el monto que el gobierno le paga a un tenedor. Si el gobierno estadounidense incumpliera con sus pagos, se desplomarían los mercados y aumentarían las tasas de interés de todo el mundo. Esto porque las tasas están vinculadas a las de los bonos del Tesoro. Goldman Sachs estima que el impago retiraría de inmediato 175 mil millones de dólares de la economía de EEUU, lo que la llevaría a una muy profunda recesión. Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, estima que el impago de la deuda dejaría a 6 millones de personas sin trabajo y borraría hasta 15 billones de dólares del patrimonio de los estadounidenses. No es difícil imaginar cómo esa situación repercutiría sobre la de por sí golpeada economía mexicana. Desde 1960, el Congreso estadounidense ha ampliado el monto del límite de la deuda 78 veces, 49 veces con presidentes republicanos y 29 con presidentes demócratas. Y siempre ha sido gracias a acuerdos bipartidistas. En esta ocasión existe el riesgo de que no se amplíe porque los senadores republicanos se niegan a autorizarlo. 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