El exdirector general de PEMEX, Emilio Lozoya, regresó ayer a México en un avión de la FGR después de ser extraditado de España, en donde fue arrestado en febrero pasado, luego de estar nueve meses prófugo.
La extradición se aprobó para que sea juzgado por dos delitos.
El primero es la compra aparentemente fraudulenta que hizo PEMEX de Agro Nitrogenados, una fábrica quebrada de fertilizantes, propiedad de Altos Hornos de México que llevaba 14 años sin operar, por 475 millones de dólares, cuando de acuerdo a los expertos, no valía más de 50 millones.
El entonces presidente de la empresa vendedora, Alonso Ancira, sigue en España, libre bajo fianza de un millón de euros a pesar de que la Audiencia Nacional de ese país ya aprobó su extradición.
El segundo delito que supuestamente cometió Lozoya es el de recibir sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública.
Con parte de ese dinero, se presume que compró a finales de 2012 una mansión de 1165 metros cuadrados en la colonia Lomas de Chapultepec de la CDMX.
Sobre Lozoya y sus supuestos delitos ha comentado varias veces esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, en torno a la Reforma Energética que el 11 de octubre de 2013 fue aprobada por el Senado, un día después por la Cámara de Diputados, y declarada constitucional el 18 de diciembre de ese año, tras de ser aprobada por una mayoría de los congresos locales.
Dijo que antes “Lo más que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio, y ahora es importante que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco que se dedicó a robar. Ni modo que lo hubiera hecho sólo, que no hayan participado otros (…) Lozoya, está dispuesto a informar de lo que sucedió”.
Yo, al igual que la mayoría de los mexicanos, espero que todos los integrantes de esa “banda de cuello blanco” a la que supuestamente pertenecía Lozoya sean plenamente identificados y que éste aporte las pruebas necesarias para que también puedan ser juzgados por los delitos que muy probablemente cometieron.
Sean quienes sean estos supuestos bandidos, sin importar los cargos de elección popular o designación que hayan ocupado, sean quienes hayan sido los legisladores federales o locales que supuestamente fueron sobornados para votar a favor de la reforma, pertenezcan ahora a MORENA o no, sean o no amigos de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.
Si Andrés Manuel decide negociar para ocultar la identidad de uno solo de ellos, su lucha contra la corrupción será en vano.
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