¿Por qué aprueba leyes la mayoría morenista en el Congreso de la Unión sabiendo que uno o más de sus artículos van en contra de lo que señala la Constitución?
Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales.
Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución.
Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN.
De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución.
De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia.
No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso.
Tampoco es casual que gran parte de la opinión pública se vuelque a favor del popular presidente y su partido cuando éste se va en contra de los juzgadores que, por ceñirse a lo que dicen la Constitución y las leyes, detienen temporal o permanentemente la entrada en vigor de algunas de sus reformas legales.
Otra pregunta obligada es: ¿seguirán aguantando los juzgadores las presiones que reciben de AMLO para que dejen de frenar las reformas anticonstitucionales que aprueba el Congreso?
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