La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no habrá una reforma fiscal porque bastan las “áreas de oportunidad” para aumentar los ingresos públicos. Lo dice con la confianza que da un crecimiento del 6% en ingresos fiscales durante 2024, equivalente a 400 mil millones de pesos adicionales respecto a 2023. Sin embargo, esas “áreas” no llenan las arcas del gobierno y los números pintan un panorama muy diferente.
En 2022, el SAT tenía registrados a 80 millones de contribuyentes. De ellos, menos del 5% —unos 4 millones— pagaron Impuesto Sobre la Renta (ISR). Mientras tanto, millones operan en la informalidad o simplemente evaden impuestos sin que pase nada. Aunque el ISR generó 1.37 billones de pesos en el primer semestre de 2023 —119 mil millones más que el mismo periodo de 2022—, este aumento del 9.5% en términos reales no alcanza para resolver el problema estructural de una base tributaria insuficiente.
El SAT estima que aproximadamente el 40% de la población económicamente activa paga impuestos. Pero esta cifra incluye a quienes contribuyen mínimamente o están exentos del ISR debido a sus bajos ingresos. En términos prácticos, el sistema depende de un pequeño grupo de contribuyentes formales que cada vez enfrentan mayores presiones fiscales. Esto no es sostenible ni justo.
La presidenta también descarta un aumento al IVA, argumentando que es un impuesto regresivo que afectaría desproporcionadamente a los más vulnerables. Tiene razón: un incremento al IVA sería impopular y políticamente arriesgado. Pero evitarlo no soluciona el problema de fondo, ya que las bases del sistema fiscal permanecen inalteradas. Sin ampliar la base de contribuyentes ni diversificar las fuentes de ingresos, el gobierno sigue atrapado en un círculo vicioso de insuficiencia fiscal.
La presidenta asegura que su gobierno se centrará en combatir la corrupción, mejorar la fiscalización y fomentar la formalización de negocios. Estas son metas necesarias, pero insuficientes. El problema no es solo técnico; es político y social. ¿Quién quiere pagar impuestos cuando percibe que el gobierno no los usa de manera eficiente, los desvía para fines políticos o acaban en los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos? Sin confianza, no hay base fiscal que crezca.
Además, las políticas de formalización deben venir acompañadas de incentivos reales para que pequeños empresarios y trabajadores informales decidan incorporarse al sistema. Hasta ahora, las medidas anunciadas no parecen abordar este punto crítico.
La realidad fiscal de México no espera. Las calificadoras internacionales ya han advertido sobre la necesidad de reformas estructurales. Sin ellas, los problemas fiscales seguirán creciendo hasta volverse insostenibles.
Si no se amplía la base de contribuyentes y se diversifican los ingresos, el futuro fiscal de México seguirá siendo precario. Y aunque la presidenta insista en presentar la situación con cifras optimistas, la realidad es ineludible: México necesita más que buenas intenciones para sostener sus finanzas públicas. Por ahora, queda claro que el actual gobierno, como el que lo precedió, ha decidido postergar una difícil decisión económica y política.
Concluyo con el deseo de que los lectores de esta columna pasen una muy Feliz Navidad.
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