Los dos decretos expedidos el martes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum reestructuran el sector energético con una serie de leyes que consolidan el control estatal sobre electricidad, hidrocarburos y energías renovables. Buscan fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), limitar la inversión privada y concentrar el poder en la Secretaría de Energía (Sener).
El sector eléctrico se redefine con un monopolio estatal en transmisión y distribución, mientras la generación sigue abierta a privados bajo regulación estricta. Si bien esto podría evitar apagones y mejorar la seguridad energética, también desalienta la inversión privada y limita la competencia. Sin incentivos para energías limpias, el país seguirá dependiendo de combustibles fósiles.
La CFE se convierte en una empresa pública con el mandato de garantizar electricidad accesible. Sin embargo, arrastra un déficit de 85,000 millones de pesos y depende de subsidios en un contexto fiscal complicado. Su subordinación a Sener puede comprometer su eficiencia técnica en favor de decisiones políticas.
Los hidrocarburos (petróleo y gas) quedan bajo control estatal con la Comisión Nacional de Energía (CNE) regulando exploración y permisos. Esto podría optimizar ingresos fiscales, pero sin incentivos adecuados para inversión privada, podrían desaprovecharse las reservas estratégicas. Esta parece más una estrategia a contracorriente que una solución viable.
Pemex también se convierte en una empresa pública, pero con una deuda de 106,000 millones de dólares y producción en declive, sigue siendo una carga fiscal. Aunque se plantea la posibilidad de alianzas con privados, la falta de incentivos claros las vuelve inciertas. Su enfoque en combustibles fósiles también choca con la transición global. Mientras otros países avanzan en energías limpias, México insiste en un modelo de monopolios energéticos que ya fracasó antes.
En cuanto a renovables, la Ley de Planeación y Transición Energética es ambiciosa, pero carece de claridad sobre financiamiento y metas para ampliar la generación con energías limpias. Sin definir un camino claro y una inversión detallada, podría quedar en letra muerta.
Las leyes de Biocombustibles y Geotermia buscan diversificar la matriz energética. Sin embargo, el uso de tierras para biocombustibles puede afectar la producción alimentaria, y la geotermia enfrenta costos elevados y riesgos técnicos.
Finalmente, la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) reemplaza a la CRE y CNH, centralizando el control regulatorio. Aunque simplifica trámites, también politiza decisiones, afectando la confianza de los inversionistas.
Lo rescatable de estos decretos es su intención de fortalecer la infraestructura energética, garantizar tarifas accesibles y fomentar la autosuficiencia en hidrocarburos. También buscan integrar renovables y diversificar fuentes energéticas.
Sin embargo, los riesgos son altos: mayor endeudamiento público, pérdida de independencia técnica, desincentivos para la inversión privada y retraso en la transición energética. Sin financiamiento claro ni ejecución eficiente, México puede quedar atrapado en un sector ineficiente y caro, y ver cómo el mundo lo deja atrás.
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