Recordando 1

Estoy de vacaciones y no opinaré estos días sobre lo que ocurra dentro y fuera de México.

24 de agosto, 2015

Estoy de vacaciones y no opinaré estos días sobre lo que ocurra dentro y fuera de México. Sin embargo, revisando algunas columnas que he escrito desde 1982 me encontré muchas que podría haber escrito hoy, ahora mismo. Así que de aquí al 1 de septiembre estaré recordando tiempos pasados que no necesariamente fueron mejores.

El 30 de agosto de 1982, bajo el título La lista negra de funcionarios, publiqué esto en el diario defeño El Universal:

“Gran difusión se le dio la semana pasada al hecho de que Miguel de la Madrid solicitara a la Procuraduría General de la República una relación de funcionarios que durante el actual sexenio hayan sido cesados y/o consignados por realizar actividades deshonestas. Lo anterior con el fin de que ningún pillo comprobado logre colarse dentro del gobierno que el mismo De la Madrid encabezará a partir del próximo 1o de diciembre.

“La Procuraduría se ha encargado de dar a conocer los nombres de algunos importantes "servidores públicos" que durante los últimos seis años han sido sorprendidos realizando algún trinquete.

“Así, la opinión pública está informada que desde 1976 algo así como 2,000 funcionarios del sector público han sido cesados y/o consignados por corruptos. Entre los más importantes: Rubén Parra Torres, Alfonso Rincón Benítez, José Vázquez Chavarría, Ángel Zarate Ledesma y Francisco Alonso Sánchez, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Abraham Sheimberg, Jesús Ruvalcaba Bucarini, Ignacio Villafuerte, Ignacio Villaseñor, Gabino Olivares, Sergio Cansino León y Bernardo Suárez, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Armando Cuéllar Orozco, Eduardo Cabiedes Villarreal y Arturo Santillán Rangel, de la Secretaría de Educación Pública; Armando Lezama Díaz, Francisco Zepeda Zepeda, Manuel Ávila Barrueto y José Luis Sánchez Núñez, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

“La mayoría de los mencionados anteriormente ocupaban puestos a nivel de dirección o subdirección dentro de las dependencias mencionadas. Sin embargo lo que cada uno de ellos tiene en común es que fue sorprendido realizando algún acto deshonesto.




“Es indudable que la idea de De la Madrid es excelente; ningún truhán debe ocupar, ni por accidente, un cargo dentro de su administración. Pero también es indudable de que la mayoría de corruptos, bribones y trinqueteros que han encontrado justicia en la Revolución Mexicana nunca han sido consignados, es más, ni renunciados, por las autoridades respectivas. Tal vez porque es difícil comprobar sus delitos, tal vez porque están protegidos por poderosos personajes, que al encubrirlos también actúan con deshonestidad.

“Pese a todo, la corrupción con que actúan muchos funcionarios es evidente. Si no, ¿cómo se explican las mansiones que se han construido en lo que va del sexenio? ¿cuál es la procedencia de las joyas que con soberbia lucen sus esposas o novias? ¿por qué tantas casas y condominios adquiridos en Estados Unidos están escriturados a nombre de sus parientes o amigos? ¿de dónde proviene el dinero que a manos llenas gastan en los más lujosos restaurantes de la ciudad de México? ¿por qué el gerente general del Hotel Pierre de Nueva York afirma que sus mejores clientes son los políticos mexicanos?

“El jueves pasado conocí a uno de tantos funcionarios que hacen gala su deshonestidad. Presta sus servicios en el Registro Federal de Vehículos y se me hace difícil creer que su sueldo le haya permitido adquirir el reloj de oro macizo con brillantes marca Rolex que lucía en su muñeca izquierda o la gigantesca pulsera, también de oro sólido, que portaba en la derecha. Según la opinión de uno de los que me acompañaban, este funcionario, que por solo hecho de no haber sido nuca consignado es honesto, cargaba sobre su persona tan sólo 10 millones de pesos en oro. Cualquiera podrá imaginarse lo que ha ganado este hombre sirviendo a la Patria.

“Y así, como este personaje, hay miles y miles. Realizan fraudes, solicitan sobornos, otorgan contratos a sus propias empresas o a las de sus amigos, venden caras sus relaciones e influencias políticas y se enriquecen cada vez más, mientras que las grandes mayorías se encuentran cada día más pobres y desesperadas.

“La famosa lista negra que para nuestro próximo Presidente elabora la Procuraduría General de la República servirá para eliminar de su gobierno a muchos funcionarios cuya corrupción ha sido comprobada. Algún cínico afirmará que en la lista están incluidos solamente los tontos que se dejaron sorprender ya que los inteligentes siguen haciendo de las suyas”.

33 años han pasado desde que escribí este texto. El gobierno de De la Madrid resultó ser tan corrupto como los que lo precedieron y siguieron. Su famosa lista negra fue una burla.

Recodar es vivir…

Comentarios
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En un evento realizado ayer en esa ciudad, Lobato dijo que “ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados (…) en irrestricto respeto a los Derechos Humanos de las víctimas, sus familiares y seres queridos, la Secretaría de Marina-Armada de México ofrece una disculpa pública…”. Los 30 marinos fueron arrestados por la FRG en abril pasado atendiendo una recomendación de la CNDH de julio de 2020. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala en su Artículo 27 que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. En su Artículo 29 establece que “Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”. El delito se ha cometido miles de veces, usualmente por militares, marinos y policías federales, estatales y municipales y los funcionarios que son sus jefes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) o no Localizadas, el número de estas personas era ayer de 89 483, sin que pueda saberse exactamente cuántos fueron víctimas de una desaparición forzada. El mismo RNPDNO muestra que el número de desapariciones se disparó a partir de diciembre de 2006, después de que en un acto de absoluta irresponsabilidad e insensatez, Felipe Calderón le declarara la guerra a la delincuencia organizada. Desde 1964 hasta 2006, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas fue de 2430. En 2007, el primer año de la guerra calderonista, el número fue de 2922. Y desde entonces, cada año fue creciendo. El total durante el gobierno de Calderón fue de 39 039. Las cosas fueron de mal en peor en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante este periodo la cifra total fue de 95 657 personas. Y ahora, en la era de la 4T, tenemos que en 2019 el número fue de 21 591, en 2020 de 19 621 y, en lo que va del año en curso, 7379. En total, en el transcurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 48 591, lo que permite suponer que se igualará o superará la cifra que se registró el sexenio pasado. Qué bueno que hay 30 marinos sujetos a proceso por la desaparición de 40 personas en 2018; sin embargo, ¿dónde están los miles de responsables de quién sabe cuántas desapariciones forzadas cometidas durante los últimos 14 años? La impunidad sigue. 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