Ramírez Amaya no trascenderá

Desde ayer hay una nueva persona al frente de la Secretaría de Educación Pública. Es la tercera en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero estuvo Esteban Moctezuma, del 1 de...

16 de agosto, 2022

Desde ayer hay una nueva persona al frente de la Secretaría de Educación Pública. Es la tercera en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Primero estuvo Esteban Moctezuma, del 1 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2021. Renunció para irse de embajador de nuestro país en Estados Unidos. Estuvo 26 meses y medio en el cargo.

En su lugar quedó Delfina Gómez Álvarez, que ocupó el cargo del 16 de febrero de 2021 al día de ayer. Duró solo 18 meses en el puesto.

Y ahora, también desde ayer, está Leticia Ramírez Amaya.

Ninguno de los tres, al igual que los siete que los antecedieron en el cargo desde 2000, tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para mejorar el sistema educativo del país.

Además de sus limitaciones profesionales, ninguno de los 10 contó con los recursos económicos, humanos y materiales para realizar una gran reforma educativa que transformara al sistema educativo en uno de los mejores del mundo, tal como lo han logrado varios países en pocos  años. En este espacio comenté el 5 de agosto pasado el caso de  Estonia, que en 30 años logró que sus estudiantes de 15 años, de acuerdo con el examen PISA administrado a nivel global por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lograran mejores evaluaciones que los del resto del mundo, excepto los de Macao, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Japón y Corea, mientras que los estudiantes mexicanos quedaron debajo de los de otros 61 países.

El hecho es que el gobierno de nuestro país gasta muy poco por estudiante.

En 2018, los 38 países que integran los países de la OCDE gastaron en la educación de un alumno de primaria y secundaria, en promedio, 10 000 dólares anuales. México gastó 3100 dólares, el menor monto de entre los 38 países. Estonia gastó 8600 dólares, casi tres veces más.

Para empeorar la situación, de 2010 a 2018 nuestros gobiernos redujeron en 16% el gasto promedio por alumno, de 3700 a los 3100 arriba anotados. En ese mismo periodo, Estonia aumento dicho gasto en 14%, de 7600 a 8600 dólares.

Durante ese mismo periodo, el gasto promedio para educar a un estudiante mexicano de preparatoria se redujo de 11 900 a 8500 dólares, una baja del 29%. Mientras, en Estonia el monto pasó de 8200 a 17 800 dólares, un incremento del 116%.

Otros datos que corrobora que en nuestro país no se le dedican los recursos suficientes al sistema educativo:

En 2018 los gastos gubernamentales en la educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) equivalieron al 4.3%, su nivel más bajo desde 2001.

Ese mismo año, los gastos gubernamentales en educación representaron el 16.6% del gasto público, el menor porcentaje desde 1998.

También en 2018, en Estonia, los gastos gubernamentales en la educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) equivalieron al 5.3%, su nivel más alto desde 2001, y los gastos gubernamentales en educación representaron el 13.4% del gasto público, el mayor porcentaje desde 2011.

Es muy probable que Leticia Ramírez Amaya, al igual que la mayoría de quienes antes de ella fueron secretarios de Educación Pública, pase con más pena que gloria por la dependencia que ahora tiene a su cargo. No posee ni las cualidades profesionales ni los recursos para trascender.

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Hasta ahora, la Fiscalía General de la República y diversas fiscalías estatales no han actuado después de recibir diversas denuncias sobre posibles casos de corrupción de funcionarios federales y estatales, de parientes del presidente, de gobernadores y legisladores federales y locales.  La falta de una actuación contundente de las fiscalías permiten suponer que la corrupción seguirá siendo un grave problema para el país a pesar de que durante sus tres campañas presidenciales AMLO prometió eliminarla y que en sus discursos y conferencias de prensa le gusta presumir de que “ya no hay corrupción”. Múltiples estudios, encuestas y análisis muestran que funcionarios federales , estatales y municipales siguen cometiendo actos de corrupción cotidianamente a lo largo y ancho del país. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado anualmente desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, corrobora lo que muchos sabemos: la corrupción es una realidad ineludible y tal vez imbatible en México. El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado” y clasifica a los países “por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público”, de acuerdo con los resultados obtenidos por diversas  encuestas de opinión y evaluaciones de expertos en la materia.  En el IPC 2021, difundido en enero de 2022, que clasifica a 180 países en una escala de 0 (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio), México con 31 puntos, ocupa el lugar 124, lo que significa que hay 123 países menos corruptos que el nuestro y 56 más corruptos. La calificación de 31 es la tercera más baja dada a México desde 2012 y es la misma que obtuvo en 2020. La más baja es el 28 que se le dio en 2018. En 2020 la calificación fue 31, en 2019 y 2017 fue 29 y en 2016 fue 30. En 2012 y 2013 fue 34 y en 2014 y 2015 alcanzó 35. Como se vea, históricamente nuestro país siempre ha salido mal calificado en el IPC. Y no es ningún triunfo del gobierno de la 4T que del 29 en 2019 se haya pasado al 31 en 2020 y 2021. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 (CCC), elaborado por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas con el fin de evaluar la capacidad de 15 países de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción, nuestro país quedó en lugar 12, solo arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela. El reporte del CCC anota que “México cayó del puesto 11 al 12 en el Índice, y su puntaje general continuó con una tendencia a la baja, cayendo casi un 5% en 2022, y en un 13% desde 2019. El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el declive más pronunciado fue con el rubro de la democracia y las instituciones políticas. 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