En los últimos días he leído y escuchado a varios analistas y comentaristas manifestar su indignación y preocupación por lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en donde una alianza conformada por los legisladores del PAN, PRD y MC impidió hasta ayer la instalación de la mesa directiva de dicho órgano legislativo, la cual solo puede ser electa por una mayoría calificada, es decir el 66% de los diputados presentes en la votación correspondiente. Sin la mesa directiva la Cámara Baja no puede iniciar sus trabajos y atender los asuntos que le competen, entre ellos recibir el paquete económico 2018.
Los panistas, perredistas y emecistas se negaban a aprobar la instalación de la mesa directiva para evitar que el actual Procurador General de la República, el priista Raúl Cervantes, se convirtiera en el primer Fiscal General de la República y en ese cargo supuestamente protegiera durante los próximos nueve años a aquellos militantes del PRI que han sido denunciados penalmente o en los medios de comunicación de enriquecerse ilegalmente. Estos legisladores exigen que quien ocupe la Fiscalía General de la República no milite o haya militado en un partido político, lo cual según ellos minimiza las posibilidades de que proteja a algún grupo político.
Al principio el PRI se negó a aceptar la exigencia de la oposición y sus líderes legislativos le dieron vueltas al asunto, pero ante el riesgo de que la Cámara de Diputados no iniciara su periodo de sesiones, por fin cedieron y aceptaron que Cervantes no sea el primer Fiscal General.
Luego de que Emilio Gamboa y César Camacho, coordinadores de las bancadas priistas en las cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, anunciaran públicamente su oposición al pase automático de Cervantes a la Fiscalía, los diputados del PAN, PRD y MC votaron a favor de la mesa directiva que durante el año legislativo que empezó el 1 de septiembre será presidida por el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín.
La indignación a que me refiero líneas arriba no se justificaba bajo ningún motivo. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados ocurre con frecuencia en los órganos legislativos de las democracias desarrolladas y nadie se indigna por ello.
La preocupación que muchos manifestaron por lo ocurrido sí se explicaba en vista de que existía la remota posibilidad de que el gobierno se quedara sin dinero en caso de que los diputados no aprobaran en tiempo y forma el Paquete Económico 2018. Afortunadamente, eso no sucederá.
Acostumbrémonos a la nueva realidad de nuestros órganos legislativos, en donde no hay una mayoría calificada que imponga sus decisiones. Que no cunda el pánico cuando ocurran las próximas crisis.
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