Por unos cubanos, ¿se peleará AMLO con los médicos del país?

El 18 de marzo pasado, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (SS), Ruy López Ridaura, dijo que para atender a los enfermos graves de COVID-19...

15 de junio, 2020 AMLO

El 18 de marzo pasado, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (SS), Ruy López Ridaura, dijo que para atender a los enfermos graves de COVID-19 solo había 1284 médicos urgenciólogos, 207 neumólogos y 174 infectólogos. No se refirió al número de intensivistas y neurólogos disponibles, que también son necesarios para cuidar a enfermos graves.

Lo mismo en el caso de enfermeras y enfermeros: la mayoría no están especializados.

La gravedad de la situación la reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de abril, cuando aceptó que faltaban 9000 especialistas para atender a los pacientes graves.

Para tratar de remediar la situación, a los burócratas del Sector Salud se les ocurrió reclutar a médicos generales o especialistas en “áreas no críticas”, tanto desempleados como aquellos que estuvieran laborando fuera del sistema público de salud a fin de que recibieran “capacitación para integrarse a equipos de atención a pacientes graves por coronavirus”.

El propósito era crear “un modelo de atención en cascada” en donde “un intensivista podrá estar a cargo de la atención de 25 pacientes críticos con el apoyo de otros médicos generales o especialistas y el mismo esquema se repita para el caso del personal de enfermería”.

Hasta el 12 de mayo pasado se habían contratado a 44 247 personas, pero de ellas solo 3675 son médicos especialistas y 1502 son enfermeras especialistas. La SS no especificó la especialidad de los contratados.




El viernes pasado, el IMSS informó que contrató a aproximadamente 17 mil médicos, pero ninguno con una especialidad.

Es muy posible que no se hayan aún contratado a los 9000 especialistas a los que se refirió AMLO porque o no los hay en el país o los que hay no están interesados en ser burócratas.

Pensando cómo resolver el problema, a algún funcionario del gobierno de la 4T se le ocurrió invitar a médicos cubanos para ayudar a sus colegas mexicanos, pese a que cuando se le cuestionó sobre el mismo asunto, el 9 de julio pasado, Andrés Manuel dijo que “No, eso es una volada de nuestros adversarios, que los queremos mucho, pero que son muy mentirosos”.

El hecho es que desde mayo llegaron a México 585 médicos y enfermeras cubanos, la mayoría sin ser especialistas, que además de ocupar plazas que deberían ser para mexicanos, cobran “un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud”, como lo denunciaron el sábado 11 colegios, asociaciones y federaciones de especialistas mediante una carta dirigida al presidente, a la opinión pública y a la comunidad médica de México.

En su carta, los médicos aseguran que los cubanos no han “representado ningún beneficio para nuestra población” y califican su presencia como “un agravio para el gremio médico, una falta grave en contra de los profesionales de la salud”.

El funcionario que decidió importar a los cubanos olvidó que el gobierno de la 4T no puede darse el lujo de buscar pleito con los casi 300 mil médicos del país, cuyas opiniones son escuchadas por sus pacientes. Grave error.

Habrá que ver si en su conferencia de prensa de esta mañana, AMLO decide seguir el pleito o mandar a los cubanos de regreso a su país.

Twitter: @ruizhealy

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La ley había sido aprobada el 14 de mayo anterior, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. En la Cámara Baja, de los 454 diputados presentes, 381 votaron a favor, 62 en contra, y 11 se abstuvieron. Votaron a favor 204 priistas, 99 panistas, 45 perredistas y 25 verdes. En contra estuvieron 35 perredistas, 16 de MC y 11 petistas. Se abstuvieron siete del PRD, dos del PAN, uno del PRI y otro de MC. En el Senado, de los 120 legisladores presentes, votaron a favor 113 y siete en contra. Votaron a favor 52 priistas, 36 panistas, 17 perredistas, seis verdes, un petista y un independiente; en contra, cuatro petistas y tres perredistas. Es decir, la LGIPE fue aprobada por el 84% de los diputados y el 94% de los senadores, incluidos los de todos los partidos entonces representados en el Congreso. Todos ellos ganaron sus cargos en la elección federal realizada el 1 de julio de 2012. La Constitución en su Artículo 39 señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...”. Y el Artículo 41 no deja duda alguna cuando anota que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (…)”, siendo dichos poderes los que se anotan en el 49: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Es decir que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y no solo por el jefe del Poder Ejecutivo, como aparentemente lo cree Andrés Manuel López Obrador, quien ayer, olvidando el cargo que desempeña, arremetió en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ese órgano no representa al pueblo, a pesar de que la Constitución diga que por medio de  los tres poderes “el pueblo ejerce su soberanía”. Para AMLO, hicieron mal los magistrados que votaron para negarle sus candidaturas a los morenistas que querían gobernar Guerrero y Michoacán, y atentaron contra la democracia por acatar lo que mandata la LGIPE que fue aprobada por el Poder Legislativo, por medio del cual también “el pueblo ejerce su soberanía”. También criticó la existencia de organismos autónomos que en su momento fueron creados por el Poder Legislativo. En su conferencia de prensa de ayer, Andrés Manuel actuó como si fuera el jefe de los tres poderes, lo que no es. Entiendo que los morenistas y sus paleros en el Congreso lo acepten como su jefe, después de todo es el verdadero mandamás de MORENA, pero hasta ahí llega su control porque no manda sobre los legisladores de la oposición. AMLO también cree que puede mandar sobre el Poder Judicial, como lo constata su afán de prolongar por dos años más el periodo para el cual fue electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 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