Para reducir violencia: educación sí, abrazos no

La revista Journal of Crime and Justice es una publicación trianual revisada por pares de la Asociación de Justicia Penal del Medio Oeste, que divulga trabajos académicos originales en el área del crimen y la justicia penal....

29 de julio, 2022 pizarron

La revista Journal of Crime and Justice es una publicación trianual revisada por pares de la Asociación de Justicia Penal del Medio Oeste, que divulga trabajos académicos originales en el área del crimen y la justicia penal.

El 22 de marzo pasado, en el sitio de la revista (www.tandfonline.com), se publicó un artículo titulado Effects of long-term development and schooling expansion on the decline in homicide rates: Mexico from 1950 to 2005 (Efectos del desarrollo a largo plazo y la expansión escolar en la disminución de las tasas de homicidio: México de 1950 a 2005), en el que Raúl Zepeda Gil, investigador de doctorado en el King’s College de Londres, y Carlos Pérez Ricart, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la CDMX, detallan los resultados de su investigación.

Y ayer, en el sitio de The Conversation, (theconversation.com), Zepeda Gil explicó brevemente los resultados de esa investigación:

“En México, un promedio de 94 personas fueron asesinadas cada día en 2021, un aumento del 76% desde 2015 (…) El aumento de las muertes se debe en gran parte a las guerras contra las drogas en México a partir de 2006. Ahora, 35 000 personas son asesinadas cada año.

“Antes del comienzo de la guerra contra las drogas, cuando el gobierno encargó al ejército que enfrentara a los cárteles, México había experimentado una reducción a largo plazo en la tasa de homicidios de alrededor del 90% entre 1940 y 2005. Para encontrar una explicación para esta disminución significativa recopilamos datos disponibles y comparables de los censos nacionales para los años de 1950 a 2005.

“Entre 1950 y 2005 México triplicó su PIB per cápita de 3741 a 8887 dólares, su población creció de 25 millones a 106 millones y el país casi erradicó el analfabetismo al poner la educación pública al alcance de todos (…) a pesar del aumento de la población y la considerable inversión adicional en servicios públicos, no hubo un aumento significativo de la presencia territorial de las fuerzas policiales para la aplicación de la ley.

“Entonces, ¿por qué disminuyeron las tasas de homicidios? (…) encontramos que el aumento en los años de escolaridad de la población, de un promedio de menos de un año a ocho años, parecía ser la causa principal”.

Zepeda Gil concluye: “las autoridades deberían aprender del éxito histórico del país en la reducción de la violencia a través de la educación. México ha logrado establecer la educación primaria universal, pero ahora necesita alentar y ampliar el acceso a los años [escolares] 10 a 12 para los alumnos de 15 a 18 años”.

El problema es que las autoridades han dejado de construir nuevas escuelas. Desde 2014, el valor de construcción de escuelas ha descendido ininterrumpidamente tras llegar a 14 530 millones de pesos ese año. En los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dicho valor cayó 43%, a 6380 millones de pesos, 56% menos que en 2014.

Y este año, el gobierno destinará  883 929 millones de pesos al gasto público en educación, monto que representa el 3.1% del PIB, el nivel más bajo desde 2010.

Invertir más en educación contribuye a reducir la violencia. Los abrazos no han servido de nada.

Nunca es tarde para cambiar de estrategia.

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Facebook: Eduardo J Ruiz Healy

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Sitio web: ruizhealytimes.com

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Al hacerlo desobedecerá a la Constitución y a leyes que juró cumplir y hacer cumplir. El Artículo 21 reformado en marzo de 2019 señala que “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil (…) La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional (…) La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública…”. El carácter civil de la GN está establecido en diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional aprobada por el Congreso en mayo de 2019 y expedida ese mismo mes por AMLO. El Artículo 4 dice que “La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría [de Seguridad y Protección Ciudadana]”; el Artículo 13 determina que “Corresponden al Secretario [de Seguridad y Protección Ciudadana] las facultades siguientes: I. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Guardia Nacional…”. Es más, el Artículo 25 señala que “Para ingresar a la Guardia Nacional se requiere (…) IX. En su caso, estar funcionalmente separado de su institución armada de origen y quedar adscrito a la Guardia Nacional, sujeto a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta Ley”. La Constitución ordena que la GN esté adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, es decir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la cual, de acuerdo con el Artículo 30 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde, entre otros asuntos, “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes…”. La Constitución y las leyes arriba citadas son claras en cuanto al carácter civil de la Guardia Nacional. Tampoco deja lugar a dudas lo que establece el Artículo 135 de la Constitución: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”. 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