OHL y la impunidad

El 18 de mayo pasado escribí lo siguiente en este espacio: “Durante las últimas semanas el nombre de OHL México ha estado en las noticias.

9 de julio, 2015

El 18 de mayo pasado escribí lo siguiente en este espacio: “Durante las últimas semanas el nombre de OHL México ha estado en las noticias. Por un lado se hizo pública su intención de elevar aún más la de por sí alta y abusiva tarifa que le cobra a los usuarios del Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Por el otro lado, también se difundieron sus planes de no concluir la obra que aún está inconclusa. Por si lo anterior no fuera suficiente, se supo que el gobierno del Estado de México le amplió su título de concesión hasta 2051. Y, para empeorar las cosas, se difundieron dos grabaciones de audio que dejan muy mal parada a la empresa.

“En las grabaciones se escucha a quien hasta hace unos días era el director de Relaciones Institucionales OHL, Pablo Wallentin. En la segunda [grabación], Wallentin platica con Jesús Campos López, el director técnico de OHL, en donde aceptan que en enero la constructora infló las previsiones de tráfico del Viaducto Bicentenario, califican a la construcción como un “desmadre” y comentan como la constructora “salió forrada” gracias una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales”.

10 días después, el 28 de mayo, volví a referirme aquí a OHL México y escribí: “Hace un par de días se hizo pública otra grabación ilegalmente obtenida de varias conversaciones telefónicas sostenidas el 16 de enero pasado entre Gerardo Fernández, el director jurídico de OHL México, y Pablo Wallentin…

“En las grabación se escucha a ambos acordar la manera de sobornar a magistrados no identificados y de dónde obtener el dinero en efectivo para pagar el soborno. Queda claro que no era la primera vez que realizaban pagos de esta índole y que el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, no sólo estaba enterado del asunto sino que personalmente autorizó los pagos ilegales a los magistrados. Ni Fernández ni Wallentin mencionan quiénes son los magistrados ni a que tribunal pertenecen, algo que deberán dilucidar quienes supuestamente investigan el caso por órdenes del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas”.

Concluí mi columna del 18 de mayo formulando las siguientes preguntas: “¿Quedarán impunes los abusos demostrados y el probable fraude cometido por OHL? ¿Todo acabará con los ceses de Wallentin y Mena? ¿En las otras concesiones de OHL hubo abusos y malos manejos como los que ahora que se están conociendo en torno al Viaducto Bicentenario?” y 10 días después escribí que “Todo parece indicar que el de OHL México es un caso de corrupción rampante que involucra a empresarios, exfuncionarios y funcionarios en funciones. La pregunta obligada es si será un caso más de impunidad”.

Han transcurrido 53 días desde que me referí a OHL México y los supuestos fraudes que esta empresa supuestamente ha cometido y comete en agravio de todos los mexicanos que pagamos impuestos y todo parece indicar que las autoridades del Estado de México se olvidaron del asunto a pesar de que el gobernador Eruviel Ávila aseguró que se investigaría el caso después de que cesó a su secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, por recibir favores de OHL.




Aparentemente, y ojalá me equivoque, el caso de OHL México no pasará de ser sólo un escándalo mediático y los actos criminales que cometió la empresa, calificados como fraudulentos por el propio presidente de la misma, José Andrés de Oteyza, quedarán impunes.

Es indudable que tener a tres ex secretarios de estado en su consejo de administración, como es el caso de OHL México, ayuda a que una empresa actúe con total impunidad.

Comentarios
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Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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