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No basta prometer: la iniciativa es peligrosa y debe corregirse a fondo

28 de abril, 2025

Políticos de todos los partidos, empresarios y organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la semana pasada. Todos advierten sobre los riesgos de permitir al poder ejecutivo bloquear plataformas digitales por incumplimientos que la ley no define claramente. Las críticas son fundadas: la redacción de los artículos 109 y 201 abre la puerta a la censura discrecional, restringe la circulación de contenidos de origen extranjero y concentra en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones funciones que antes ejercía el extinguido Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La nueva ley establece bases para bloquear plataformas digitales, otorga al Ejecutivo asignaciones directas del espectro radioeléctrico sin competencia abierta y transfiere el control de contenidos de radiodifusión a órganos políticos, empezando por Gobernación. Las garantías procesales son débiles o inexistentes, la definición de plataforma digital es tan amplia que abarca desde redes sociales hasta mercados en línea, y la protección de derechos de usuarios y audiencias se confía a la Profeco, instancia administrativa sin especialización. Los riesgos no son teóricos: están en el diseño mismo de la norma.

Muchos de quienes hoy se oponen a la censura son los que guardaron silencio o fueron cómplices de ella en el pasado. Priistas que avalaron décadas de control sobre los medios; panistas que toleraron presiones y espionaje durante el gobierno de Felipe Calderón; morenistas que han justificado actos de censura local y federal; todos defienden ahora la libertad de expresión.

No es la censura lo que repudian. Es el hecho de que, esta vez, ellos, sus voces, sus espacios y sus plataformas podrían ser los afectados. Es lo de siempre: cuando se detenta el poder, se censura o se aplaude al censor; cuando se está en riesgo de perder influencia, se invoca la defensa de los derechos fundamentales. La memoria histórica no pesa, el oportunismo sí.

Lo escribo con conocimiento de causa. Entre 1982 y 2000, y de 2000 a 2006, fui víctima de censura y presiones de diversas administraciones federales. A veces fueron funcionarios priistas; otras, panistas; y en ocasiones personajes que ahora militan en el PRD, Morena o Movimiento Ciudadano. Los nombres y las siglas cambian, pero no la tentación de controlar medios y silenciar voces incómodas.

Ante las críticas, la presidenta negó que la ley busque censurar plataformas digitales. Afirmó que su propósito es evitar la difusión de propaganda extranjera, como la campaña antiinmigrante estadounidense transmitida en medios mexicanos. Ofreció modificar o eliminar el artículo 109 para disipar temores y aseguró que Transformación Digital sólo actuaría en casos excepcionales. Su oferta es bienvenida, pero no sustituye a la ley escrita. Mientras ésta mantenga ambigüedades y facultades discrecionales, ninguna promesa presidencial garantiza protección a los derechos fundamentales.

La iniciativa es peligrosa y debe corregirse a fondo para que esos derechos de todos estén plenamente garantizados. Tal como Claudia Sheinbaum afirma respetarlos y defenderlos.

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