“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
Lo anterior es parte del informe de su visita a México que ayer presentó en Ginebra (Suiza) el Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), el organismo de expertos independientes que supervisa la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006. Hasta febrero pasado, 98 países la habían firmado y 67 la habían ratificado, México entre ellos.
No es agradable leer el informe porque describe la terrible situación que viven los cientos de miles de personas que sufren el dolor, la angustia de no poder encontrar a un ser querido y el desorden gubernamental para atenderlos y resolver el problema, pese a los esfuerzos que el gobierno federal realiza, tal como lo reconoce el CED, los que desafortunadamente se quedan muchas veces en buenas intenciones porque no se les invierten amplios recursos económicos, tecnológicos materiales ni humanos.
Algunos de los párrafos del informe que a todos nos deben impresionar e indignar:
“Al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité [del 15 al 26 de noviembre de 2021].
“Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 % tuvo lugar en dicho período. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ (…) durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios…
“El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos…
“No menos preocupante es la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos…
“Al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
“A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.
La realidad que describe el Informe del CED no es la de un país en el que todos son felices y en donde vamos bien, que es al que se refiere con frecuencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni todos son felices ni vamos bien.
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