La primera decisión que tomó Alfonso Navarrete después de asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación, el miércoles pasado, fue la de cesar a la mayoría de quienes colaboraron con su antecesor inmediato en el cargo, Miguel Ángel Osorio. La segunda fue reemplazarlos por quienes fueron sus más cercanos colaboradores, hasta ese mismo día, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Al decidir substituir a la mafia hidalguense que acompañó a Osorio por la mexiquense que ahora lo rodea a él, Navarrete desmanteló a la Secretaría del Trabajo y también a la de Gobernación. En la primera, Roberto Campa, su nuevo titular, deberá trabajar virtualmente solo, mientras que en la segunda Navarrete está rodeado por un equipo de individuos que no podrán desempeñar eficaz y eficientemente sus cargos por el solo hecho de que llegan a ellos sin la experiencia necesaria después de haber pasado años involucrados en otras actividades.
El problema que se presenta ahora es que, a menos de un año de que concluya el sexenio presidencial, hay dos secretarías de estado que carecen de los funcionarios de alto nivel que tengan la experiencia necesaria para enfrentar exitosamente los muchos problemas que se les presentarán en los próximos meses de lo que ya es un muy complicado 2018.
Por lo menos, Navarrete ratificó en sus cargos a seis funcionarios clave de la Segob. Ellos son el subsecretario de Enlace Legislativo Felipe Solís Acero, el subsecretario de Normatividad y Medios Andrés Chao Ebergenyi; el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Renato Sales; el jefe de la Policía Federal, Manelich Castilla, el del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas; y el de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.
De todos los nuevos funcionarios designados por Navarrete, con la anuencia del presidente Enrique Peña Nieto, la más criticada ha sido la de Alberto Bazbaz, quien desde el miércoles es el nuevo jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Antes, se distinguió por no hacer gran cosa al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encargada de investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento, delitos que a pesar de realizarse con frecuencia poco se investigan, persiguen y castigan. En el Estado de México, durante la gubernatura de Peña Nieto, fue el procurador de justicia incapaz de resolver satisfactoriamente el caso de la niña Paulette, muerta bajo circunstancias hasta hoy no han debidamente aclaradas, lo que causó su remoción de ese cargo.
Hubiera sido mejor una sustitución paulatina y programada de funcionarios en ambas secretarías con el objeto de mantener cierta continuidad en las actividades realizadas. La velocidad con que se realizaron los despidos permite suponer que el presidente estaba sumamente insatisfecho con la labor realizada por los cesados.
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