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Morenistas, ¿parte de un movimiento o de un gobierno?

Los bloqueos a vialidades clave, carreteras federales, casetas de peaje y calles en ciudades, así como el vandalismo a edificios públicos y privados, son herramientas habituales de presión utilizadas por organizaciones políticas y sociales. Lo que en...

9 de junio, 2025

Eduardo Ruiz-Healy

En las últimas semanas, la CNTE cerró el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tomó por semanas el Zócalo, cercó Palacio Nacional, incendió la sede de la SNTE, causó destrozos en la Secretaria de Gobernación e impidió que la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurara un hospital en Guerrero. Solo en la CDMX las pérdidas económicas suman más de 122 millones de pesos, pero el costo más alto lo paga el ciudadano común: su libertad de tránsito, su derecho al trabajo, su capacidad de vivir con certidumbre… y miles de niños, que no reciben la educación que la Constitución les garantiza.

El gobierno federal ha respondido con paciencia, diálogo y permisividad. Sus argumentos: el respeto a los derechos constitucionales de manifestación y libre expresión. Pero al proteger a los menos, ignora a los más. Porque cuando una protesta paraliza amplias zonas de la ciudad, no es el gobierno el que sufre, sino los trabajadores que llegan tarde, los comerciantes que pierden clientes, los pacientes sin atención médica y miles más.

Este año, la CNTE exige, entre otras cosas, lo que el gobierno ni puede ni debe otorgar: la abrogación de la Ley del ISSSTE, la eliminación de la UMA para el cálculo de pensiones y un aumento salarial del 100 %.

¿Por qué se practican y se permiten en tantas acciones disruptivas en nuestro país?

Primero, porque no existe un marco legal claro que permita al Estado actuar con firmeza sin violar derechos. El Código Penal Federal sanciona la obstrucción de vías, pero casi nunca se aplica. Segundo, porque la CNTE tiene poder de presión real y puede colapsar ciudades para forzar negociaciones. Tercero, porque el recuerdo de represiones gubernamentales pasadas inhibe el uso de la fuerza, por legítima que sea. Y cuarto, porque la protesta radical ha sido culturalmente legitimada en sectores que la ven como una forma de reparación histórica.

En México, los bloqueos pueden durar semanas y hasta meses sin consecuencias. Los gobiernos, especialmente los surgidos de Morena, evitan actuar, temiendo parecer represivos o traicionar la memoria de 2006, cuando AMLO ordenó bloquear el Paseo de la Reforma por más de 40 días. Aquel plantón, que costó vidas y más de 3 mil millones de pesos, paralizó la ciudad y legitimó la protesta disruptiva como herramienta política.

Muchos funcionarios del gobierno federal y de varios gobiernos estatales —empezando por Claudia Sheinbaum— participaron en aquel bloqueo y en muchas protestas callejeras y hoy creen que no pueden exigir orden sin exponerse al señalamiento de incoherencia.

Los morenistas en cargos públicos deben decidir si quieren seguir siendo parte de un movimiento o convertirse en gobierno. Gobernar implica asumir costos, establecer reglas y hacerlas cumplir, incluso frente a aliados. Porque el orden público no es autoritarismo, es garantía de derechos para todos. Y permitir el caos no es gobernar, es renunciar a gobernar.

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