Mis cuatro propuestas

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el jueves pasado sus 10 medidas “para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia”,...

1 de diciembre, 2014

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el jueves pasado sus 10 medidas “para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia”, mismas que comenté en este espacio un día después.

Me toca ahora a mi presentar cuatro propuestas para reducir la corrupción de funcionarios públicos y el número de delincuentes peligrosos y mejorar la calidad de nuestras policías y personal carcelario. Solo cuatro por razones de espacio.

1. Hacer obligatoria la difusión pública de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos federales, estatales y municipales así como las de los dirigentes de sindicato de trabajadores al servicios del Estado o de empresas y organismos públicos autónomos. Así, quienes por medio de nuestros impuestos les pagamos sus sueldos conoceremos cuál es y como se desarrolla su situación patrimonial con el paso de los años.

2. En caso de que un funcionario extorsione o intente extorsionar a una persona y dicho delito se pueda comprobar, deberán ser sancionados tanto el funcionario corrupto como la institución en donde trabaja con una multa equivalente a 10 veces el monto que éste pretendía obtener ilícitamente. La institución multada también deberá pagarle a la víctima de la extorsión o intento de extorsión un monto equivalente a 10 veces la cantidad que se le pretendía extorsionar. El funcionario que sea declarado culpable de extorsión o intento de extorsión, además de ser cesado de su trabajo sin derecho a recibir algún tipo de indemnización, deberá ser penalizado con un alto número de horas de trabajo comunitario para que así beneficie a la comunidad. Estas medidas promoverán que las víctimas de una extorsión o intento de extorsión se animen a denunciar a los funcionarios corruptos y que estos la piensen dos veces antes de sugerir, solicitar o exigir una mordida.

3. Para evitar la generación de nuevos y más peligrosos delincuentes dentro de las cárceles, que hoy son verdaderas universidades del crimen: los reos más violentos y peligrosos deben mantenerse separados de aquellos que han cometido delitos menos graves, igualmente los que ingresan a la cárcel por primera vez de los criminales veteranos. Asimismo deben ser liberados aquellos presos que no representen un peligro real para la sociedad o que después de estar encarcelados durante años aún no han sido sentenciados por fallas en el sistema de impartición de justicia. Nada de lo anterior funcionará si las instalaciones carcelarias no se modernizan y el personal que en ellas trabaja no se profesionaliza de acuerdo a los estándares que rigen en los países con sistemas carcelarios eficientes. A las cárceles hay que meterles dinero, pero en serio.

4. Para garantizar la profesionalización de los policías estatales y federales, así como de quienes trabajan en las cárceles del país, deben diseñarse un plan de estudios comparable con las de las mejores fuerzas policíacas del mundo, elevarse los requisitos educativos, psicológico y físicos que deben cumplir quienes aspiren a ser aceptados en una academia de policía, y dedicarse los recursos económicos y materiales necesarios para que los agentes de la policía y sus familias pertenezcan a la clase media media de este país y desarrollen su trabajo con el apoyo de los equipos y tecnología idóneos.




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