Ayer, un día después de que firmara una orden ejecutiva que supuestamente evitará que los menores de edad sean separados de sus padres cuando estos sean arrestados al tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos o después de ser descubiertos viviendo en ese país sin autorización, el presidente gringo Donald Trump arremetió contra nuestro país y gobierno. En una reunión con su gabinete dijo lo que ha dicho muchas veces antes: que México asegura que trabaja para detener la inmigración ilegal pero, que a fin de cuentas, “no hace nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y enviarnos drogas”. De paso amenazó, nuevamente, de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actúa para frenar a los migrantes que desde nuestro país tratan de entrar a EEUU sin permiso.
Sus palabras pueden interpretarse como una respuesta a la timorata y tardía condena a la separación de los niños que el mismo martes pasado hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien calificó a la política estadounidense de “cruel e inhumana”.
Ahora bien, ¿qué hace México para evitar que miles de personas provenientes del extranjero, especialmente de América Central viajen por nuestro país para, finalmente, llegar a la frontera norte para luego intentar ingresar a Estados Unidos, sea ilegalmente o solicitando asilo?
Para empezar, está deportando a más centroamericanos que entran ilegalmente por la frontera sur. La Dirección General de Migración de Guatemala reportó que, de enero a mayo de 2018, México más que duplicó el número de deportaciones terrestres de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses hacia Guatemala que el número que se registró en el mismo período del año pasado. Así, el número de centroamericanos expulsados entre enero y mayo es de 40,895 contra los 15,979 en los primeros cinco meses de 2017.
Estos números prueban que Trump miente al afirmar que México no hace nada. Más bien, lo que ocurre es que nuestro gobierno no hace lo suficiente debido a la gran corrupción e impunidad que prevalecen en el país.
El problema real es el número de ilegales que entran a México y se quedan para iniciar su viaje hacia el norte después de sobornar a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, policías y militares, después de pagarle a los coyotes o polleros que forman parte de la delincuencia organizada que ha corrompido a nuestras autoridades municipales, estatales y federales.
La corrupción permite que adultos, familias y niños no acompañados, tanto mexicanos como extranjeros, atraviesen el país rumbo a EEUU. Eso evita que México no pueda cumplir cabalmente su responsabilidad de evitar que miles de personas traten de entrar ilegalmente al vecino país. Muchos reciben un trato más inhumano y cruel que el martes condenó Videgaray.
A ver cómo le hace el próximo presidente para remediar esta situación. Por lo menos para cerrarle la boca Trump.
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