El despliegue de la red 5G en México avanza, pero a paso lento. No por falta de capacidad técnica, sino por una política fiscal que ahoga la inversión y una regulación que castiga más la innovación que la recompensa. El análisis publicado ayer por Nicolás Lucas-Bartolo en El Economista lo deja claro: los operadores están atrapados entre impuestos abusivos, márgenes reducidos y un Estado que parece estar más preocupado por recaudar que por promover la competitividad digital.
Desde su lanzamiento en 2022, el 5G ha crecido de forma desigual. AT&T cubre 56 ciudades, Telcel llega a 125 y Telefónica, apoyada en la red de AT&T, apenas a 38. En total, hay 21 millones de accesos activos, una cifra modesta frente a los 50 millones de Brasil. La diferencia no es tecnológica, sino fiscal: mientras en Brasil los márgenes superan 45%, en México apenas alcanzan 20% en AT&T y 9% en Telefónica. Con esos números, nadie invierte en serio ni expande cobertura en comunidades marginadas.
El 5G no es solo una mejora de velocidad. Es la base del Internet de las Cosas, la realidad aumentada y las ciudades inteligentes. De él depende la digitalización de sectores como salud, educación e industria. Pero el país sigue con políticas inadecuadas. La inflación postpandemia, la competencia feroz y la obsesión por exprimir al sector han convertido una oportunidad histórica en un avance que refleja más inercia que visión de futuro.
El contraste con Brasil es demoledor. Allá, los márgenes saludables permiten invertir en infraestructura y ampliar cobertura. Aquí, la regulación y los altos costos del espectro impiden que la tecnología llegue a las zonas rurales o a la mayoría de los usuarios prepago. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido universalizar la conectividad para 2030 dentro del Plan México 2025-2030, sin una reforma fiscal y regulatoria esa meta quedará en el papel, como tantas otras promesas tecnológicas incumplidas.
El gobierno tiene que decidir si quiere recaudar o transformar. Reducir los impuestos sobre el espectro, acelerar las licitaciones y fomentar alianzas público-privadas son medidas urgentes. Integrar redes satelitales como propone la presidenta, desarrollar infraestructura de fibra óptica y capacitar a la población son pasos indispensables. No hay “transformación digital” posible con una estructura fiscal que castiga la inversión y una burocracia que no entiende la velocidad del cambio.
Si Claudia Sheinbaum quiere que México lidere la conectividad en América Latina, debe romper con la inercia recaudatoria heredada. La creación de la Agencia de Telecomunicaciones Digitales será inútil si repite los mismos errores: licitaciones lentas, costos prohibitivos y una visión burocrática del desarrollo tecnológico. El 5G debe ser la palanca del crecimiento y la equidad, no un lujo para para unos cuantos que viven dentro del perímetro del desarrollo.
México se encuentra ante una encrucijada más. Puede seguir avanzando con cautela o asumir que el futuro digital exige decisiones audaces. La presidenta tiene el discurso y los planes y ahora debe cambiar el rumbo fiscal y regulatorio. Si no, el país perderá la carrera del 5G.
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