México registra una de las más altas TFC del mundo

La tasa de fatalidad de casos (TFC) del COVID-19 es la relación entre muertes y casos confirmados de esa enfermedad. Solo toma en cuenta el número de casos confirmados por las autoridades de cada país, pero no...

17 de junio, 2020 Hospital

La tasa de fatalidad de casos (TFC) del COVID-19 es la relación entre muertes y casos confirmados de esa enfermedad.

Solo toma en cuenta el número de casos confirmados por las autoridades de cada país, pero no los casos que no están confirmados. Además, solo incluye el número de muertes por COVID-19 que han sido confirmadas, excluyendo a las que no fueron diagnosticadas o a las personas que están enfermas y que pronto morirán.

Por lo tanto, no puede decirse que la TFC represente la realidad o indique el verdadero riesgo de morir de la enfermedad.

Pese a lo anterior, es el único dato oficial disponible para comparar las TFC de los diferentes países.

Comparemos, con base en la información que diariamente proporciona la Secretaría de Salud (SS), la TFC de nuestro país con las que se registran en otros países.

Hasta el lunes pasado, se habían registrado en México 149 664 casos y 17 580 defunciones a causa de COVID-19 (la SS reportó ese día 150 264 casos, pero al sumar los reportados en cada estado resultan 149 664. La diferencia de 600 casos muestra un descuido en el manejo de los datos por los expertos de la SS).




Con base en estos casos y defunciones registrados, resulta que la TFC para México es de 12%, la más alta de entre 26 países de Latinoamérica y el Caribe.

Después de nuestro país están: Bahamas (11%); Ecuador (8%); Trinidad y Tobago (7%); Bermudas (6%); Brasil (5%); Cuba, Guatemala y Honduras (4% cada uno); Argentina, Aruba, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay (3% cada uno); con menos del 2% están Chile, Costa Rica, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Panamá, Paraguay, El Salvador Venezuela.

La TFC mexicana también supera a las de nuestros socios comerciales de Norteamérica, ya que Canadá registra un 8% y Estados Unidos un 5%.

¿Y cómo se compara la TFC de México con la de 38 países europeos?

Si México fuera parte de Europa, por su TFC estaría en el sexto lugar, empatado con los Países Bajos, debajo de: Francia (19%); Bélgica (16%); Hungría, Italia y Reino Unido (14% cada uno); y arriba de: Suecia (9%); Irlanda y Eslovenia (7% cada uno); Bosnia y Herzegovina, Grecia y Rumania (6% cada uno); Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia y Suiza (5% cada uno). Los otros 20 países registran una TFC de 5% o menos.

¿Y si fuera parte de Asia?

Pues se situaría en el segundo lugar de entre 31 países; su TFC solo sería superada por la de Yemen, que es de 25%, y muy arriba de los demás, en donde las tasas más altas se han registrado en Indonesia (6%); China. Irán y Japón (5%). En los 26 otros países asiáticos, su TFC es de 4% o menos.

Como lo anoté antes, estas tasas se obtienen de las cifras oficiales y en muchos casos son poco confiables en vista de que demasiados países no cuentan con un sistema fiable de recolección de datos o, peor aún, maquillan los números para que sus ciudadanos y el resto del mundo no sepan la magnitud del desastre sanitario que enfrentan; pero son las únicas disponibles.

En resumen, la tasa de fatalidad de casos de COVID-19 de México es de las más altas del mundo, la más alta del continente americano. Y eso que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los encargados de combatir la pandemia supuestamente son dos destacados científicos.

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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. 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