Medida insuficiente

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer ayer sus Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés.

30 de abril, 2015

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer ayer sus Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés.

La primera acción ejecutiva tiene que ver con la llamada Declaración de Posible Conflicto de Interés que el mes entrante deberán presentar aproximadamente 206,000 servidores públicos de unas 350 dependencias del gobierno federal y consiste en que “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad”.

En la Declaración de Posible Conflicto de Interés deberán anotarse: “1. Puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos directivos en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en otras asociaciones privadas, señalando la frecuencia anual con la que participa y si ha sido antes o durante el servicio público; y 2. Participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan un valor económico presente o futuro y que el declarante tenga con personas físicas o morales, precisando si el tipo de participación o contrato fue antes o durante el servicio público. Adicionalmente, se incluye en el formato de declaración de situación patrimonial, en el apartado de inmuebles, el indicar el nombre o razón social del vendedor o enajenante del inmueble y su relación con el declarante. Todo lo anterior, será aplicable, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos del servidor público declarante”.

Hasta aquí todo está bien. Sin embargo, esta Declaración de Posible Conflicto de Interés así como la Declaración Patrimonial que cada uno de los 206,000 servidores públicos presentan ante la SFP se mantienen ocultas del escrutinio de la sociedad a menos de que el declarante autorice que se hagan públicas. Y aún si lo autoriza, puede ser una autorización para que sean solo parcialmente públicas, ocultándose los datos que el declarante no quiera que conozcan quienes a fin de cuentas le pagan el sueldo.

Por lo anterior, la primera acción ejecutiva no servirá de gran cosa mientras las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos se mantengan ocultas o solo sean parcialmente públicas. Es una medida insuficiente porque desde su fundación en 1982 la SFP ha demostrado ser incapaz de combatir y reducir a corrupción que existe dentro del gobierno federal. Se nos pide ahora que creamos que esta inútil dependencia va a fiscalizar a los servidores públicos cuando nunca lo ha hecho y que gracias a la nueva declaración de intereses los corruptos van a dejar de serlo.

No nos engañemos. Mientras no se hagan públicas las tres declaraciones, como sucede en los países con menores niveles de corrupción e impunidad, las cosas seguirán más o menos igual.




El gran fiscalizador de las conductas de lo servidores públicos federales, estatales y municipales solo puede y debe ser la sociedad y no un grupo de funcionarios de la SFP y sus similares estatales y municipales que hasta ahora han sido totalmente inútiles.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. 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