En México, cualquier periodista independiente ha sido reprimido o perseguido una o varias veces durante su carrera. Lo han callado o pretendido callar los censores de los gobiernos federal y estatales, algunos influyentes que dirigen grandes corporativos nacionales, un buen número de políticos o empresarios poderosos, ciertos dueños de medios de comunicación que prefieren servir al poder que a la sociedad y, desde hace unas dos décadas, los jefes de las diversas organizaciones criminales que operan en diversos estados del país.
La represión contra los periodistas independientes virtualmente cesó durante el gobierno de Vicente Fox. Su sucesor, Felipe Calderón, trató sin éxito de callar las voces de quienes en los medios electrónicos calificamos como absurda y perdida la guerra que sin consultarle a nadie les declaró a los cárteles del narcotráfico. En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos miembros de su gabinete han intentado censurar a quienes critican su trabajo, la mayoría de las voces sin lograrlo. También algunos gobernadores, mediante la compra de publicidad en medios que se prestan al juego, tratan de silenciar a sus críticos.
Curiosamente, conforme la censura gubernamental, política y empresarial se fue debilitando fue creciendo la que ejercen los diversos grupos delincuenciales sobre los medios y periodistas que realizan su labor de informar, denunciar y opinar, especialmente en aquellas localidades donde los criminales operan, muchas veces impunemente y también muchas veces coludidos con las autoridades estatales y municipales.
Desde diciembre de 2006 hasta el lunes pasado, 194 periodistas han sido asesinados o desaparecidos (segúnen.wikipedia.org/wiki/List_of_
El primero en perder la vida fue el columnista del diario regional El Gráfico, Raúl Marcial Pérez, asesinado en Juxtlahuaca, Oaxaca, el 6 de diciembre de 2006. La víctima más reciente fue el escritor y editor del semanario Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas, muerto a balazos en Culiacán el lunes pasado y a quien tuve el privilegio de entrevistar varias veces con motivo de la publicación de sus libros.
Por más que el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Osorio Chong, los gobernadores y demás funcionarios lo prometan, la mayoría de estos casos no han sido ni serán resueltos nunca por las autoridades federales y locales.
Tan solo de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) recibió 47 denuncias por asesinato de periodistas. Hasta el 15 de abril pasado solo tres se habían resuelto. Es decir, el 0.3%.
Matar a periodistas en México es fácil y los autores intelectuales y materiales de los asesinatos pueden dormir tranquilos porque nunca responderán por sus crímenes.
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