De los 59 países incluidos en el Índice de Impunidad Global elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) solo hay uno en donde haya más casos de impunidad que en México y es Filipinas, otro país que seguramente aprendió mucho del asunto durante los 377 años (1521-1898) en que fue una colonia española.
Ocupar el nada honroso lugar 58 de 59 posibles no debe sorprendernos. Después de todo, la impunidad con que actúan la mayoría de los delincuentes en nuestro país está más que comprobado.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el INEGI, en 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos de los cuales solo 6.2% merecieron el inicio de una averiguación previa por parte de algún ministerio público federal o estatal. O sea, 31 millones de delitos ni siquiera merecieron ser investigados. Es obvio que los delincuentes que los cometieron no recibieron su castigo.
Lo peor del caso es que la mayoría de las víctimas, sabedoras de que de nada sirve denunciar el delito, se abstienen de hacerlo. De acuerdo a la misma ENVIPE 2014, nueve de cada 10 delitos no son denunciados por las víctimas por razones que van desde el miedo a represalias hasta la desconfianza en las autoridades.
Peor aún, de cada 100 casos denunciados solo se inició averiguación de 70, quedando impunes 30 probables delitos.
Ante toda la evidencia que señala la pésima situación, lo único que hacen nuestros gobernantes es aprobar leyes que seguramente serán ignoradas de la misma manera que lo fueron las que supuestamente no sirvieron para remediar el problema.
Los datos que contiene el Índice de Impunidad Global muestran claramente que el problema no se resolverá con nueva legislación sino invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, humanos y materiales para lograr que el país tenga policías muy bien pagados y la cantidad adecuada de juzgadores, por citar algunos aspectos.
Ahora bien, si los recursos son aplicados de la misma manera en que se han aplicado cientos de miles de millones de pesos en el corrupto sector educativo nacional, nada ocurrirá y la impunidad seguirá siendo una maldición que afecta a todos los mexicanos.
¡Maldita impunidad!
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