Los senadores deben ser serios y dejar de jugar a las desapariciones

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25 de septiembre, 2019

Con 24 legisladores o casi el 15% del total, la fracción del PAN es la segunda más importante, después de la de MORENA, en el Senado de la República. Sin embargo, no es solo con los 59 morenistas con quienes tienen que lidiar los panistas, ya que los primeros cuentan con el apoyo incondicional de siete senadores del PVEM, seis del PT y cinco del PES, lo que le da a la coalición del partido oficial un total de 77 senadores o el 62% del total.

Ante estos 77 queda la minoría representada por los 24 panistas, 14 priistas, nueve emecistas y tres perredistas, 50 en total.

Por ahí hay también un independiente.

Estos son los números fríos que explican por qué los senadores afines al presidente Andrés Manuel López Obrador pueden aprobar sin mayor problema cualquier ley que no requiera de una votación calificada de dos terceras partes.

Lo anterior es importante porque, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución, no se necesita una mayoría calificada para que el Senado declare la desaparición de poderes en algún estado de la República, lo que significa que la mayoría conformada por los legisladores de MORENA, el PVEM, PT y PES podrían fácilmente remover a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de una entidad que esté gobernada por un panista, priista, perredista o emecista.

Y eso es precisamente lo que podría ocurrir si los senadores panistas insisten en que su órgano legislativo declare la desaparición de poderes de Veracruz.




Los panistas exigen la desaparición de poderes del estado que gobierna el morenista Cuitláhuac García porque, según ellos, este y la mayoría morenista violaron la ley al destituir al fiscal general del estado, Jorge Winckler, y nombrar en su lugar a alguien que no satisface los requisitos para ocupar el cargo.

Los senadores de MORENA y sus aliados han advertido que si los panistas insisten en defender al destituido fiscal que en su momento nombró el muy desprestigiado exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes, ellos solicitarán que se declare la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, gobernados por los panistas Diego Sinuhe Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, dizque porque han demostrado ser incapaces de detener la violencia en sus estados.

Si los morenistas insisten en desaparecer poderes en aquellos estados en donde existen altos niveles de inseguridad, deberán desaparecerlos en los 16 estados que ayer anoté en este espacio en donde hay una epidemia de asesinatos. Hacerlo no solo sería absurdo, sino que desencadenaría una crisis política que haría tambalearse al mismo gobierno federal. También es absurda la pretensión morenista de desaparecer poderes en los dos estados que gobierna el PAN.

Igualmente absurda es la pretensión de los senadores panistas de que se desaparezcan los poderes en Veracruz. Simple y sencillamente no tienen los votos para hacerlo y su actitud más bien parece ser un berrinche por haber perdido el bastión que para su partido representaba la fiscalía de ese estado.

Es inaceptable que los senadores estén jugando a las desapariciones cuando hay tantos problemas que exigen solución.

Por eso son tan impopulares los legisladores mexicanos.

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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. 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COVID México: casi 550 000 muertos, 6.5% de la población vacunada, lugar 89 no 12

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