Los que en realidad mandan

La decisión del gobierno federal de suspender indefinidamente el proceso de evaluación de maestros de primaria y secundaria...

3 de junio, 2015

Eduardo Ruiz-Healy

La decisión del gobierno federal de suspender indefinidamente el proceso de evaluación de maestros de primaria y secundaria para decidir su ingreso, promoción y/o permanencia en el sistema pomposamente llamado de “Educación Básica y Media Superior” corrobora una vez más que los funcionarios de los tres poderes y tres niveles de gobierno trabajan para grupos minoritarios pero poderosos y no para los millones de mexicanos que, mediante los impuestos directos e indirectos que pagamos, sostenemos a todo el aparato burocrático que no ha servido para sacar a nuestro país de su ancestral atraso.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación calificó la decisión de la Secretaría de Educación Pública como un atentado “contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”.

También es un atentado contra el derecho constitucional que tienen de recibir una educación de calidad casi 35 millones de niños y adolescentes (25.9 millones de estudiantes de educación básica y nueve millones más de educación media superior).

En total 400,000 maestros y 35 millones de estudiantes perjudicados por quienes en realidad mandan sobre el sistema educativo nacional: un puñado de líderes de cinco secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se han agrupado en una organización conocida como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estos líderes, cuya fuerza está en Chiapas, DF, Guerreo, Michoacán y Oaxaca, han decidido que los maestros no sean evaluados y también han ordenado la cancelación de clases en miles de escuelas en los estados en donde operan, el bloqueo de calles de la Ciudad de México y otras localidades, el asalto y destrucción de oficinas gubernamentales y negocios privados, el robo e incendio de vehículos oficiales y particulares, el secuestro de funcionarios, policías y soldados, la violación de la Constitución y un sinnúmero de leyes federales y estatales. Muchas de sus decisiones han causado la muerte de personas inocentes y todo lo han hecho con absoluta impunidad. Saben usar la fuerza para lograr su cometido, que es descarrilar cada una de las reformas que pudieron llevarse a cabo gracias al Pacto por México, desestabilizar el sistema político nacional, mandar sobre altos funcionario, derrocar al gobierno en turno e imponer, más temprano que tarde, un régimen de izquierda extrema.

Ante ellos, el gobierno federal ya demostró una gran debilidad y es difícil que éste recupere su fuerza mientras el presidente Enrique Peña Nieto mantenga en sus cargos a los secretarios, subsecretarios y demás funcionarios que hasta ahora aparentemente han trabajado para la CNTE y no para su jefe ni los cientos de miles de maestros que sí quieren trabajar y los millones de niños que merecen recibir una educación de calidad.

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