Los números indican que hay una baja en el número de delitos

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7 de noviembre, 2019

“Ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva (…) en dos delitos que se denuncian, en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículo”. Esas son las palabras que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció el martes pasado para defender la estrategia que diseñó y adoptó su gobierno para combatir la delincuencia.

Comparemos los números de la incidencia delictiva del fuero común durante los primeros 10 meses del año en curso con el mismo periodo de 2018, tal como han sido reportados por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El total de delitos reportados del 1 de enero al 20 de octubre de 2019 fueron 1 520 779, cifra menor a los 1 618 856 en el mismo periodo del año pasado; una disminución de 98 077 o del 6.1%.

En lo que a homicidios en general se refiere, este año se contabilizan 33 359 contra 36 714 del año pasado; 3355 o 9.1% menos.

El número de homicidios dolosos, que en los 10 primeros meses de 2018 fue de 24 252, ha disminuido a 22 059 en 2019; 2193 menos, que equivalen a una baja del 9.0%.

Con base en estos datos, tiene razón AMLO al afirmar que ya hay una disminución en la cifra de homicidios.




El número de robo de vehículos también ha disminuido, como afirma AMLO.

En los primeros 10 meses de este año, se robaron 114 484 coches de cuatro ruedas, que son 34 270 o el 23.0% menos que el mismo periodo del año pasado.

44 538 se robaron con violencia este año contra 54 894 del año pasado; una disminución de 10 356 o 18.9%.

El robo sin violencia también disminuyó de 93 860 en 2018 a 69 946; una baja de 23 914 vehículos o 25.5%.

Sin embargo, miles de robos de vehículos no asegurados no se reportan y solo uno de cada tres vehículos está asegurado.

¿Cuál es la realidad en lo que a otros delitos se refiere?

Feminicidios: 726 en lo que va del año contra 722 el año pasado; un incremento de cuatro o 0.6%.

Secuestros: 1032 este año contra 1085 en 2018; una baja de 53 casos o del 4.9%.

Lesiones dolosas: 146 898 en 2019, 156 563 en 2018, es decir, 7151 menos este año; una baja del 5.8%.

Robos a casa habitación: 61 116 en 2019 vs 69 109 el año pasado; 7933 casos menos o una baja del 11.6%.

Desafortunadamente, el robo a casa habitación con violencia aumentó ligeramente de 5667 el año pasado a 5953 en 2019, que son 286 casos más o un aumento del 5.0%.

Los datos indican que hay una baja en el número de delitos que más agravian a la sociedad. Sin embargo, no olvidemos que de acuerdo a los expertos en la materia, el 72% de los delitos no se denuncia y que para tener una idea del número real de casos hay que multiplicar por 6 el número de extorsiones, por 4 a 5 el de violaciones, por 3 a 4 el de secuestros, por 2 a 3 el de robos a casa-habitación y el de lesiones dolosas.

En resumen, los números indican que está funcionando la estrategia antidelincuencial del gobierno, aunque siguen siendo demasiado elevados aun sin considerar los delitos no denunciados. Ojalá que sigan a la baja y que todos empecemos a sentirnos más seguros.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia. No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso. Tampoco es casual que gran parte de la opinión pública se vuelque a favor del popular presidente y su partido cuando éste se va en contra de los juzgadores que, por ceñirse a lo que dicen la Constitución y las leyes, detienen temporal o permanentemente la entrada en vigor de algunas de sus reformas legales. Otra pregunta obligada es: ¿seguirán aguantando los juzgadores las presiones que reciben de AMLO para que dejen de frenar las reformas anticonstitucionales que aprueba el Congreso? Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy Sitio: ruizhealytimes.com" ["post_title"]=> string(52) "¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?" 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