La diarrea legislativa que padecieron los senadores y diputados morenistas, verdes, petistas y pesistas en las semanas recientes tendrá consecuencias para México, algunas positivas, otras negativas y unas que no cambiarán en nada la realidad.
Entre las últimas están las reformas a la inservible Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, expedida en 1997 y reformada 12 veces desde entonces hasta el 5 de mayo del año pasado.
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La reforma estipula los castigos para quienes violen sus disposiciones, que ahora irán a la cárcel y no solamente pagarán una multa como lo establecía la ley original.
Así, se castigará con una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10 % de los ingresos obtenidos por sus actividades ilegales a quien desvíe o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.
A quien posea precursores químicos o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos sin tener las autorizaciones o permisos correspondientes se le impondrá una pena de entre siete a 10 años de cárcel y una multa económica.
Se irá de cinco a 10 años a la cárcel y pagará una multa económica quien desvíe productos químicos o máquinas para elaborar drogas sintéticas en el territorio nacional.
Si cualquiera de estos delitos lo comete un servidor público, el castigo se incrementará en dos terceras partes, y el infractor será destituido de su puesto e inhabilitado para ocupar un cargo público por un periodo de cinco a 10 años.
La dependencias federales que se encargarán de prevenir, detectar y combatir la producción de ese tipo de sustancias serán las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Guardia Nacional (GN), mientras que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), será responsable de actualizar la lista de precursores químicos controlados.
¿Servirán de algo estos cambios a una ley que aparentemente nunca sirvió?
No lo creo y los datos disponibles justifican mi escepticismo.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD): 1. La producción de opio en México en 1995 fue de aproximadamente 460 toneladas, monto que aumentó a 6900 en 2020; 2. En 1995 México no figuraba en la lista de los principales productores de cocaína en el mundo pero en 2020 ocupó el segundo lugar, después de Colombia; 3. En 1995 México produjo alrededor de 3,400 toneladas de toneladas, mientras que en 2020 la producción fue de 11,200.
Y tratándose del fentanilo, si bien no existe una fecha exacta en la que se inició su tráfico de México a EEUU, es un hecho que ha ido en aumento en los últimos años.
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En 2019 la DEA incautó 2,267 kilogramos de fentanilo en la frontera entre México y EEUU, un aumento del 59% respecto al año anterior y en 2020 el monto incautado fue de 3,744 kilogramos, un aumento del 65% respecto al año anterior.
Estos números muestran que la mencionada ley de nada sirvió y el tiempo demostrará que las reformas que se le hicieron ahora tampoco servirán para acabar con la próspera industria del narco.
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