Los 10 estados no pueden dejar la Federación ni ser económicamente viables

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos. Ese año el PIB de cada uno de los...

29 de octubre, 2020

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos.

Ese año el PIB de cada uno de los 10 estados cuyos gobernadores han formado la Alianza Federativa fue el siguiente:

Aguascalientes: 224 807 millones de pesos; Chihuahua: 562 599 millones; Coahuila: 609 051 millones; Colima: 104 475 millones; Durango: 202 547 millones; Guanajuato: 712 902 millones; Jalisco: 1.21 billones; Michoacán: 424 378 millones de pesos; Nuevo León: 1.35 billones, y; Tamaulipas: 507 781 millones de pesos.

El PIB de los 10 juntos fue de 5.91 billones de pesos que representan el 33.4% del PIB nacional.

En 201, la contribución de cada uno de esos estados a la recaudación fiscal neta de ingresos federales fue la siguiente, como porcentaje del total de dichos ingresos:

Aguascalientes: 0.66%; Chihuahua: 2.05; Coahuila: 1.41%; Colima: 3.53%; Durango: 0.15%; Guanajuato: 1.34%; Jalisco: 3.26%; Michoacán: 2.47%; Nuevo León: 8.65% y; Tamaulipas: 8.98%.

En conjunto, los 10 estado aportaron el 32.5% de los ingresos federales.

En 2018 los estados también se obtuvieron ingresos propios por medio de impuestos, cuotas y aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y la venta de bienes y servicio.

Desafortunadamente, los gobiernos estatales no ejercen plenamente sus facultades tributarias ya que de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio recaudan seis. Baja California es el que más recauda con nueve impuestos, Puebla el que menos con solo tres.

Lo anterior hace que los estados, mediante una Ley de Coordinación Fiscal del año 1987 reformada varias veces, la última en 2009, reciban recursos de la federación de acuerdo a complejas fórmulas que muchos no llegan a entender.

De acuerdo al INEGI, el 80.3% de los recursos estales provino de la Federación y los gobiernos locales generaron apenas el 12.5%.

Todos los estados, sin excepción, dependen fuertemente de los ingresos que reciben de la federación.

Sin embargo, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista no están satisfechos con los montos de recursos federales que el Congreso federal aprobó asignarles para el año entrante y exigen más. También quieren que se negocie un nuevo pacto fiscal entre la Federación y sus estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ignorado sus exigencias y no acepta reunirse con ellos para negociar el asunto.

Ahora, estos mandatarios locales advierten que no están “dispuestos a tolerar más abusos” de parte del gobierno federal, amenazan con retirar a sus estados del pacto fiscal y hasta del pacto federal para que dejen de ser parte de los Estados Unidos Mexicanos.

La realidad es que los 10 estados no pueden, legalmente, dejar de pertenecer a la Federación; tampoco tendrían viabilidad económica si fueran independientes.

La realidad es que los 10 gobernadores han ideado una estrategia para tratar de forzar una renegociación del pacto fiscal y obtener más recursos federales para 2021. De paso mostrar a AMLO y a MORENA como villanos que no apoyan a sus gobernados para así restarles probabilidades de triunfo a los candidatos morenistas en las elecciones del año entrante.

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En su obra A History of Militarism – Civilian and Military (The Free Press, Nueva York, 1937), el historiador, poeta y veterano de guerra, Alfred Vagts (1892-1986), escribió que “el militarismo ha connotado una dominación de los militares sobre los civiles, una preponderancia indebida de las demandas militares y un énfasis en las consideraciones, espíritus, ideales y escalas de valor militares”. 41 años después, el profesor de la Universidad de Columbia y experto en asuntos de seguridad mundial, Michael Klare, en su artículo Militarism: The Issues Today (Bulletin of Peace Proposals Vol. 9, No. 2, 1978), definió militarismo como “la tendencia del aparato militar de una nación (que incluye las fuerzas armadas y las agencias paramilitares, de inteligencia y burocráticas asociadas) a asumir un control cada vez mayor sobre las vidas y el comportamiento de sus ciudadanos; y para los objetivos militares (preparación para la guerra, adquisición de armamento, desarrollo de industrias militares) y valores militares (centralización de la autoridad, jerarquización, disciplina y conformidad, combatividad y xenofobia) dominar cada vez más la cultura nacional, la educación, los medios de comunicación, la religión, la política y la economía, a expensas de las instituciones civiles”. Klare anotó que “El común denominador de estas y otras definiciones de militarismo es el exceso, el creciente dominio de los militares sobre las instituciones civiles con la concomitante debilitación de las libertades individuales y las formas democráticas para la toma de decisiones”. En 1991, Richard Tanter, profesor de la Universidad de Melbourne y experto en armas nucleares y desarme, escribió en su tesis doctoral, Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989, que “en términos generales, se entenderá que un Estado o sociedad está en proceso de militarización si presenta al menos una de las siguientes cinco características: (a) un aumento en el tamaño, costo y capacidad coercitiva de las fuerzas armadas, policías y agencias de seguridad; (b) un mayor papel político de los militares; (c) un aumento en la confianza del Estado en la fuerza organizada, dentro y fuera del país, para asegurar sus objetivos políticos, en lugar de la hegemonía ideológica y la negociación; (d) un cambio en la cultura hacia valores y creencias que apoyen más efectivamente la violencia estatal organizada; y (e) aumentar la alineación o alianza militar ofensiva externa con otros estados, o el uso de la fuerza externamente”. El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, escribe en su reporte especial La Militarización en México – Hacia la Consolidación de una Política de Estado (2006-2022), difundido hace unos días, que de 2007 a 2022 “el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas incrementó 60.5% en términos reales”, una cantidad “superior al destinado a las secretarías encargadas de la seguridad pública a nivel federal”. Con base en todo lo arriba anotado, puede afirmarse que, desde 2007, México está sujeto a un proceso de militarización que, tarde o temprano, debilitará la de por sí frágil democracia nacional. 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