Los 10 estados no pueden dejar la Federación ni ser económicamente viables

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos. Ese año el PIB de cada uno de los...

29 de octubre, 2020

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos.

Ese año el PIB de cada uno de los 10 estados cuyos gobernadores han formado la Alianza Federativa fue el siguiente:

Aguascalientes: 224 807 millones de pesos; Chihuahua: 562 599 millones; Coahuila: 609 051 millones; Colima: 104 475 millones; Durango: 202 547 millones; Guanajuato: 712 902 millones; Jalisco: 1.21 billones; Michoacán: 424 378 millones de pesos; Nuevo León: 1.35 billones, y; Tamaulipas: 507 781 millones de pesos.

El PIB de los 10 juntos fue de 5.91 billones de pesos que representan el 33.4% del PIB nacional.

En 201, la contribución de cada uno de esos estados a la recaudación fiscal neta de ingresos federales fue la siguiente, como porcentaje del total de dichos ingresos:

Aguascalientes: 0.66%; Chihuahua: 2.05; Coahuila: 1.41%; Colima: 3.53%; Durango: 0.15%; Guanajuato: 1.34%; Jalisco: 3.26%; Michoacán: 2.47%; Nuevo León: 8.65% y; Tamaulipas: 8.98%.

En conjunto, los 10 estado aportaron el 32.5% de los ingresos federales.

En 2018 los estados también se obtuvieron ingresos propios por medio de impuestos, cuotas y aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y la venta de bienes y servicio.

Desafortunadamente, los gobiernos estatales no ejercen plenamente sus facultades tributarias ya que de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio recaudan seis. Baja California es el que más recauda con nueve impuestos, Puebla el que menos con solo tres.

Lo anterior hace que los estados, mediante una Ley de Coordinación Fiscal del año 1987 reformada varias veces, la última en 2009, reciban recursos de la federación de acuerdo a complejas fórmulas que muchos no llegan a entender.

De acuerdo al INEGI, el 80.3% de los recursos estales provino de la Federación y los gobiernos locales generaron apenas el 12.5%.

Todos los estados, sin excepción, dependen fuertemente de los ingresos que reciben de la federación.

Sin embargo, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista no están satisfechos con los montos de recursos federales que el Congreso federal aprobó asignarles para el año entrante y exigen más. También quieren que se negocie un nuevo pacto fiscal entre la Federación y sus estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ignorado sus exigencias y no acepta reunirse con ellos para negociar el asunto.

Ahora, estos mandatarios locales advierten que no están “dispuestos a tolerar más abusos” de parte del gobierno federal, amenazan con retirar a sus estados del pacto fiscal y hasta del pacto federal para que dejen de ser parte de los Estados Unidos Mexicanos.

La realidad es que los 10 estados no pueden, legalmente, dejar de pertenecer a la Federación; tampoco tendrían viabilidad económica si fueran independientes.

La realidad es que los 10 gobernadores han ideado una estrategia para tratar de forzar una renegociación del pacto fiscal y obtener más recursos federales para 2021. De paso mostrar a AMLO y a MORENA como villanos que no apoyan a sus gobernados para así restarles probabilidades de triunfo a los candidatos morenistas en las elecciones del año entrante.

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Y es que la sequía afecta a una gran cantidad de municipios del país, como lo escribí en este espacio el jueves pasado, en donde advertí que la falta causará “que se produzcan menos alimentos y se afecten muchos procesos industriales que usan agua, lo que se traducirá en más aumentos de precios”. Hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua, 27 de los 51 municipios de Nuevo León estaban anormalmente secos, 14 padecían sequía moderada y nueve sequía severa. Solo uno no sufría falta de agua. La situación que prevalecía entonces era menos grave que la que hubo hasta el 15 de mayo, cuando ocho municipios se encontraban en sequía extrema o excepcional, pero eso no significa que haya agua en abundancia en la mayor parte del estado. Si bien la sugerencia del presidente suena bien, el adoptarla repercutirá sobre los precios de los refrescos y cervezas en los estados que son abastecidos por las fábricas que diversas empresas tienen en Nuevo León y cuyos productos deberán entonces ser transportados desde otros estados. ¿Cuánto costará entonces una botella de 600 ml de refresco que hoy se vende en 17 pesos en Monterrey? ¿Y una lata de 355 ml de cerveza que le cuesta 10.50 pesos al consumidor? No sé si Andrés Manuel y sus asesores se hayan hecho estas y otras preguntas, entre ellas: ¿cuánto dinero perderán las cerveceras y refresqueras de Nuevo León si dejan de producir sus productos?; ¿pueden reconvertir sus líneas de producción para embotellar agua y en cuanto tiempo y a qué costo?; ¿deberán reducir su planta laboral? La mayoría de las personas ignoramos u olvidamos que la industria manufacturera consume agua a raudales. Por ejemplo, para producir medio kilo de papel se necesitan unos 11 300 litros y la fabricación de un coche requiere de casi 250 000 litros. Hasta producir el agua embotellada y los refrescos requiere de mucha agua. Para elaborar un litro de agua embotellada se requieren 1.39 litros, para un litro de refresco 2.02 litros y para un litro de cerveza cuatro litros. Fabricar una botella de plástico desechable de agua o refresco implica utilizar 5.3 litros y una botella de vidrio para cerveza unos 1.8 litros. El calentamiento global que los gobernantes del mundo han preferido ignorar, los de México incluidos, está causando estragos y sugerencias como la que hizo ayer AMLO tal vez sirvan de algo para sortear la emergencia actual, pero no contribuyen en nada para resolver el problema. Lo que urge es un programa nacional de conservación y aprovechamiento del agua antes de que se agrave la situación que de por sí es crítica. En nuestro país hay expertos en la materia, entre ellos el actual director general de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo. Tal vez es hora de dejarlos actuar sin cortapisas, limitaciones presupuestales e intereses político-electorales. 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