Los 10 estados no pueden dejar la Federación ni ser económicamente viables

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos. Ese año el PIB de cada uno de los...

29 de octubre, 2020

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2018, con cifras revisadas, fue de 17,702,826 millones de pesos o, en número redondos, poco más de 17.7 billones de pesos.

Ese año el PIB de cada uno de los 10 estados cuyos gobernadores han formado la Alianza Federativa fue el siguiente:

Aguascalientes: 224 807 millones de pesos; Chihuahua: 562 599 millones; Coahuila: 609 051 millones; Colima: 104 475 millones; Durango: 202 547 millones; Guanajuato: 712 902 millones; Jalisco: 1.21 billones; Michoacán: 424 378 millones de pesos; Nuevo León: 1.35 billones, y; Tamaulipas: 507 781 millones de pesos.

El PIB de los 10 juntos fue de 5.91 billones de pesos que representan el 33.4% del PIB nacional.

En 201, la contribución de cada uno de esos estados a la recaudación fiscal neta de ingresos federales fue la siguiente, como porcentaje del total de dichos ingresos:

Aguascalientes: 0.66%; Chihuahua: 2.05; Coahuila: 1.41%; Colima: 3.53%; Durango: 0.15%; Guanajuato: 1.34%; Jalisco: 3.26%; Michoacán: 2.47%; Nuevo León: 8.65% y; Tamaulipas: 8.98%.




En conjunto, los 10 estado aportaron el 32.5% de los ingresos federales.

En 2018 los estados también se obtuvieron ingresos propios por medio de impuestos, cuotas y aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y la venta de bienes y servicio.

Desafortunadamente, los gobiernos estatales no ejercen plenamente sus facultades tributarias ya que de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio recaudan seis. Baja California es el que más recauda con nueve impuestos, Puebla el que menos con solo tres.

Lo anterior hace que los estados, mediante una Ley de Coordinación Fiscal del año 1987 reformada varias veces, la última en 2009, reciban recursos de la federación de acuerdo a complejas fórmulas que muchos no llegan a entender.

De acuerdo al INEGI, el 80.3% de los recursos estales provino de la Federación y los gobiernos locales generaron apenas el 12.5%.

Todos los estados, sin excepción, dependen fuertemente de los ingresos que reciben de la federación.

Sin embargo, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista no están satisfechos con los montos de recursos federales que el Congreso federal aprobó asignarles para el año entrante y exigen más. También quieren que se negocie un nuevo pacto fiscal entre la Federación y sus estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ignorado sus exigencias y no acepta reunirse con ellos para negociar el asunto.

Ahora, estos mandatarios locales advierten que no están “dispuestos a tolerar más abusos” de parte del gobierno federal, amenazan con retirar a sus estados del pacto fiscal y hasta del pacto federal para que dejen de ser parte de los Estados Unidos Mexicanos.

La realidad es que los 10 estados no pueden, legalmente, dejar de pertenecer a la Federación; tampoco tendrían viabilidad económica si fueran independientes.

La realidad es que los 10 gobernadores han ideado una estrategia para tratar de forzar una renegociación del pacto fiscal y obtener más recursos federales para 2021. De paso mostrar a AMLO y a MORENA como villanos que no apoyan a sus gobernados para así restarles probabilidades de triunfo a los candidatos morenistas en las elecciones del año entrante.

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Gracias a una ley electoral absurda que ellos mismos aprobaron para beneficiarse, durante los periodos de precampañas y campañas debemos ver y escuchar miles de anuncios en radio y televisión en donde cada candidato o candidata trata de convencernos de que sí hará lo que otros no pudieron, es más, si se trata de un individuo con trayectoria en las lides políticas, tratará de convencernos de que ahora sí será capaz de hacer lo que antes no pudo o quiso hacer. Y así como son muy buenos para pedirnos, son malísimos para darnos algo a cambio. El mejor ejemplo de esto queda demostrado con la ínfima cantidad de candidatos que hasta ahora han presentado sus datos a la plataforma 3de3 creada en 2015 por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad con el fin de que los votantes conozcamos algo de ellos. No es mucho lo que se le pide que den a conocer:
  1. Su declaración patrimonial que nos permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee y, de ganar el cargo, medir como crece o no crece dicho patrimonio. Esta información sus ingresos personales y familiares, los bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de bienes y su valor de mercado.
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Una abrumadora mayoría de los candidatos a un cargo de elección nunca se ha molestado en presentar sus tres declaraciones, lo que demuestra que no creen en la transparencia que debería caracterizar a quienes viven del erario. En lo que a la elección del próximo mes de junio se refiere, Transparencia Mexicana reportó hace algunos días que solo han presentado sus tres declaraciones 6375 de los 125 324 candidatos que compiten por cargo; apenas el 5%. 18 de 117 candidatos a una de las 15 gubernaturas han proporcionado su información y no lo ha hecho ninguno de los que quieren gobernar Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Zacatecas Solo 26 de 3,443 candidatos a diputados propietarios federales han presentado su 3de3 - el 0.7% - y solo por ello merecen nuestro reconocimiento. Son: Héctor Castillo Olivares y Agustín Peña Rivas, del PAN, José Luis Aguirre Blancas, Bernabé Campos González, Manuel Castro Medina, Edna Díaz Acevedo, Erika Juárez Miranda, Verónica Juárez Piña, Jaime Martínez Veloz, Eliseo Mendoza Mohedano, Zaira Montoya Valenzuela, Susan Muñoz Rodríguez, David Ramos Viruete y Marianela Villanueva Ponce, del PRD; Sergio Barrera Sepúlveda, Ángel Guzmán Loza, Edgar Orozco Montes, Martha Rodríguez Sosa, Juan Ruiz Delgado y Ana Vargas Saldaña, de MC; Luis Gerardo Illoldi Reyes y Luis González Farreiro, de Morena; Enrique Cárdenas del Avellano, Maritza Mena Cortés, Antonia Pérez Jiménez e Ilse Pérez López, del PRI. 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¿La austeridad de la 4T pone en riesgo las vidas de quienes vuelan en aerolíneas mexicanas?

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