“Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de ciudadanos. Y tenemos confianza porque somos diferentes, somos distintos a los anteriores gobernantes…”. Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado durante su conferencia de prensa sobre el asesinato en Tijuana, el domingo pasado, de la periodista Lourdes Maldonado, la misma que en la conferencia de prensa del 26 de marzo de 2019 dijo temer por su vida debido a un juico laboral que había entablado contra quien en diciembre de ese año se convertiría en gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla.
Maldonado fue asesinada una semana después de que en la misma ciudad mataron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel.
Sobre estos dos homicidios que han ocurrido durante su gestión de casi tres meses, la gobernadora morenista Marina Ávila dijo ayer: “vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca (…) he solicitado al Fiscal General que designe a un fiscal especial para que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible…”.
Las palabras de AMLO y Marina son similares a las que antes han pronunciado otros funcionarios, desde presidentes de la República hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores, fiscales, procuradores y secretarios o directores de seguridad pública. En todos los casos han prometido que atraparán a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas, que esos crímenes no quedarán impunes, que actos tan reprobables estremecen a la sociedad y que no se volverán a repetir.
Lo peor de todo es que prometen dar con los culpables a sabiendas de que la impunidad en estos casos es del 95% al 99%.
Desde 1983, que fue el primer año de gobierno neoliberal del presidente Miguel de la Madrid, hasta el día de hoy, han sido asesinados 338 periodistas (es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_México).
Por sexenio, fueron asesinados 35 en el de De la Madrid, 25 en el de Salinas, 21 en el de Zedillo, 35 en el de Fox, 110 en el de Calderón, 85 en el de Peña Nieto y 27 en lo que va del de López Obrador.
Pese a estos números, ni los gobiernos federal ni estatales han asumido su responsabilidad de resolver tantos homicidios.
Por ejemplo, en El Economista apareció el 22 de octubre de 2021 una nota de Jorge Monroy en donde informaba que “De 92 homicidios de periodistas registrados del 2010 y hasta julio pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo reconoció la competencia en 27 de ellos, al asegurar que sólo en ese número de casos los crímenes estaban relacionados con la actividad periodística de la víctima (…) En el mismo periodo, indicó la fiscalía, se tiene registro de sólo cinco sentencias; una lograda en el 2016 (…) dos en 2020 y dos este año”.
Cinco sentencias significan que solo fueron condenados los responsables del 5% de los 92 homicidios; impunidad de 95%.
Tristemente, las promesas de AMLO, Marina y muchos otros son falsas, hipócritas e idénticas a las que hicieron los anteriores gobernantes. Más triste aún es saber que con impunidad seguirán matando a periodistas en México.
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