La polarización causa una absurda “guerra de los quesos”

A mí no me gusta que me tomen el pelo y cuando compro un producto o contrato un servicio espero y exijo que, a cambio de mi dinero, el fabricante o vendedor del primero o el proveedor...

15 de octubre, 2020

A mí no me gusta que me tomen el pelo y cuando compro un producto o contrato un servicio espero y exijo que, a cambio de mi dinero, el fabricante o vendedor del primero o el proveedor del segundo me proporcionen lo que adquirí.

Cuando una persona o empresa me vende algo que no satisface mis expectativas le reclamo que cambie el producto o mejore la calidad de su servicio y, si de plano ya no quiero seguir siendo su cliente, me devuelva el dinero que le pagué. Si no está dispuesto a atender mi reclamación recurro a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que desde 1975 defiende a los consumidores contra los fabricantes, comerciantes y proveedores de bienes y servicios que no cumplen con lo que les ofrecen a sus clientes.

También desde 1975 la PROFECO vigila que los fabricantes de diversos productos no le ofrezcan gato por liebre a los consumidores y que sus productos cumplan con todas las normas que la leyes establecen. Lo para que los alimentos y bebidas que consumimos sean efectivamente lo que se nos dice que son o para impedir que nos vendan litros de 900 mililitros.

Lo anterior viene a cuento porque no entiendo la reacción que ayer se dio en las redes sociales después de se anunció que la PROFECO prohibió el martes la venta de más de 20 supuestos quesos y dos dizque yogures naturales.

De acuerdo con la información que difundió la Secretaría de Economía, los fabricantes de esos productos le tomaban el pelo al consumidor ya que en los denominados como “queso” se detectó que utilizan la leyenda “100% leche”, sin serlo; sustituyen con grasa vegetal la leche que deberían contener en su elaboración; proporcionan un menor gramaje que el anotado como “Contenido Neto” en la etiqueta; en su empaque no informan el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración del producto; los denominados como “yogurt natural” estaban adicionados con azúcares y no contenían el mínimo de leche que la norma establece.

Las conclusiones de la PROFECO se derivaron de los análisis realizados en sus laboratorios a muestras de esos productos.

En las redes sociales, sobre todo en Twitter, leí muchas críticas a la prohibición de su venta, probablemente de personas que no les importa que les vean la cara de tarugas o que no aceptan ni aceptarán nunca cualquier decisión que tome el gobierno de la 4T, aunque en este caso sea en su propio beneficio.

La politización del país ha llegado al extremo de que se ha armado todo un pleito porque la PROFECO sancionó a unas empresas tramposas cuyos productos no son lo que dicen ser.

Tanto se están radicalizando algunos, que el mismo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, en lugar de agradecer que se proteja a los consumidores, entre ellos a sus agremiados, tuiteó: “Sorprende que la @SE_mx en lugar de fomentar el desarrollo y la creación de empleos, emprenda acciones infundadas y altamente lesivas contra empresas, productos y marcas del sector de alimentos procesados. Parecería que con espectacularidad, quieren ocultar la falta de resultados”.

La absurda “guerra de los quesos” en Twitter es el resultado de una polarización social que de seguir no nos llevará a un buen destino.

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Sitio: ruizhealytimes.com

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Para sustentar su afirmación exhibió una tabla que contiene el mismo reporte del INEGI que muestra el número de homicidios registrados desde 1990. En ella se ve que en 2020 se registraron 36 773 homicidios, que en 2019 fueron 36 661 y en 2018 36 685. Algún crítico del gobierno de la 4T tal vez quisiera poner en duda lo que dijo la secretaria al afirmar que lo que mostró durante la conferencia de prensa del presidente no corresponde con la realidad en vista de que comparó cifras definitivas para cada año comprendido en el periodo 1990-2020 con cifras de 2021 que, como lo explica el INEGI, son “Cifras preliminares (enero a diciembre 2021), con corte al 15 de julio de 2022: aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas”. Lo anterior podría ser importante si existieran diferencias significativas entre las cifras preliminares y las definitivas, lo cual no es el caso. La diferencia entre unas y otras para 2020 es de 194 homicidios o el 0.5%, para 2019 es de 185 o 0.5% y para 2020 es de apenas 9 o el 0.02%. Esto habla muy bien de la exactitud de las cifras preliminares que nos proporciona el INEGI. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos números, todos provenientes de la misma fuente? Que de 2020 a 2021 el número de homicidios descendió 3.1%, pero si comparamos el último año de la anterior administración con 2021, disminuyó 2.9%. En promedio, en el periodo 2019-2021 la baja fue de apenas el 0.97 cada año, el 1.0% en números redondos. Es indiscutible que el número de homicidios ha descendido, pero calificar la baja como un “avance importante” es una exageración y más faltando aún 797 días para que concluya el gobierno de Andrés Manuel y en los que muchas cosas aún pueden ocurrir para disparar hacia arriba el número de homicidios. Recordemos que en 2013 Peña Nieto nos presumió que el número de homicidios había descendido 11.2% durante su primer año de gobierno y que en 2014 nos dijo que en ese año había bajado un 13.2%, un 22.9% durante sus primeros dos años. Luego las cosas se descompusieron y en 2018, cuando concluyó su gobierno, el número era 41.3% superior al de 2012. 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