¿Qué opino sobre la llamada Ley Garrote recién aprobada por el congreso de Tabasco?
Lo mismo que he manifestado durante años.
El 16 de julio de 2016 escribí:
“Para protestar contra lo que llamaron el fraude electoral de la elección presidencial de 2006, del 30 de julio al 15 de septiembre de ese año el Peje López y sus huestes bloquearon el Paseo de la Reforma, Av. Juárez y Av. Madero…”
“De acuerdo con la Concanaco, los 32 000 negocios ubicados en Paseo de la Reforma perdieron 203 millones de pesos en ventas durante cada día que duró el bloqueo…”
“El 7 de julio pasado, el director general Editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González, escribió que ‘Un día de marchas y plantones cuesta 5 millones de pesos en Guerrero; 8 millones en Morelia y alrededor de 60 millones de pesos diarios en la CDMX (…) En Oaxaca las pérdidas ya superan los 1700 millones de pesos (…) En Chiapas, los bloqueos cuestan 1 millón de pesos diarios a los comerciantes de Tuxtla Gutiérrez y más de 2 millones a los de San Cristóbal’”.
Años antes, el 10 de abril de 2013, escribí:
“Cuando la manifestación o protesta es pacífica y civilizada la autoridad no tiene ningún derecho para impedirla reprimir a los que en ella participan. Cuando deja de serlo, la autoridad está obligada a enfrentar a los manifestantes que actúan violentamente contra otras personas o sus bienes muebles o inmuebles.”
“Una cosa es marchar en las calles para manifestar una inconformidad o exigir algo y otra es bloquear esas calles para impedir el paso de las demás personas.”
“Una cosa es plantarse al lado de una carretera para gritar consignas contra algo o alguien y otra cerrar esa vía de comunicación…”
“Una cosa es manifestarse frente a la sede de una dependencia pública o una empresa privada y otra imposibilitar que las personas entren y salgan de ese inmueble…. “
“Una cosa es protestar frente al inmueble de una organización pública o privada y otra es ingresar violentamente al mismo, causar destrozos y hasta apoderarse ilegalmente de la propiedad.”
“No va a ningún lado un país en donde los derechos de la mayoría son pisoteados por grupos minoritarios…”.
Hay leyes federales y locales que prohíben y sancionan el bloqueo de calles, caminos y carreteras, la invasión y destrucción de cualquier propiedad pública o privada. Rara vez las hacen cumplir las autoridades. Es hora de que empiecen a hacerlo.
Ahora bien, la reciente reforma del Código Penal de Tabasco exagera al castigar con 6 a 13 años de cárcel a quien incurra en “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
La federal Ley de Vías Generales de Comunicación castiga con tres meses a siete años de prisión a “los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.
Las penas tabasqueñas no deben superar a las federales. Y las autoridades deben hacer cumplir las leyes. Todas las leyes.
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