La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección no logrará gran cosa

Se realizó la semana pasada, en Los Ángeles (California) la 9ª Reunión de las Américas, asistió la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro continente. Brillaron por su ausencia los...

13 de junio, 2022

Se realizó la semana pasada, en Los Ángeles (California) la 9ª Reunión de las Américas, asistió la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro continente.

Brillaron por su ausencia los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que enviaron un representante después de que decidieron no asistir debido a que el gobierno de Estados Unidos no invitó a los impresentables dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por la misma razón no fue el presidente de Bolivia.

Tampoco llegó el primer ministro de San Cristóbal y las Granadinas, quien fracasó en su intento de que los gobernantes de 14 países del Caribe no fueran a Los Ángeles.

El presidente de Uruguay canceló su viaje debido a que enfermó de COVID-19.

Bolivia y San Vicente y las Granadinas ni siquiera enviaron un representante.

Al finalizar la reunión, se difundió la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

En ella, los firmantes reiteran su voluntad de “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”.

Añaden que: 1. Coinciden “en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad”; 2. Que están “decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”, y; 3. “Que se proponen “mantener una cooperación directa para (…) promover los retornos seguros y dignos, en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional”.

También reconocen que “abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional, y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades”.

En pocas palabras, se comprometen a promover: “la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno (…) las vías regulares para la migración y la protección internacional (…) la gestión humana de la migración (…) y  una respuesta coordinada ante emergencias”.

Desde ahora se ve difícil que, pese a todas las buenas intenciones anotadas en el documento, se vaya a lograr gran cosa. En primer lugar, la Declaración no es jurídicamente vinculante y, en segundo lugar, el Senado de EEUU no aprobará ninguna legislación que el presidente Biden le envíe para reformar el sistema migratorio de su país.

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Ayer vimos un ejemplo de esto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez nos presumieron una baja insignificante en el número de homicidios registrados en 2021, según datos preliminares, no definitivos, que también ayer dio a conocer el INEGI. Fueron 35 625 homicidios los que se registraron en 352 Oficialías del Registro Civil, 105 Servicios Médicos Forenses y 260 Agencias del Ministerio Público que tuvieron, al menos, un registro de homicidio. Este número incluye “la información de homicidios que resulta del avance en el proceso de confronta entre el INEGI y la Secretaría de Salud”. Rodríguez presumió que “Las estadísticas del INEGI revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1148 homicidios menos con respecto al 2020, lo que consideramos, como Gabinete de Seguridad Nacional, un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario”. Para sustentar su afirmación exhibió una tabla que contiene el mismo reporte del INEGI que muestra el número de homicidios registrados desde 1990. En ella se ve que en 2020 se registraron 36 773 homicidios, que en 2019 fueron 36 661 y en 2018 36 685. Algún crítico del gobierno de la 4T tal vez quisiera poner en duda lo que dijo la secretaria al afirmar que lo que mostró durante la conferencia de prensa del presidente no corresponde con la realidad en vista de que comparó cifras definitivas para cada año comprendido en el periodo 1990-2020 con cifras de 2021 que, como lo explica el INEGI, son “Cifras preliminares (enero a diciembre 2021), con corte al 15 de julio de 2022: aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas”. Lo anterior podría ser importante si existieran diferencias significativas entre las cifras preliminares y las definitivas, lo cual no es el caso. La diferencia entre unas y otras para 2020 es de 194 homicidios o el 0.5%, para 2019 es de 185 o 0.5% y para 2020 es de apenas 9 o el 0.02%. Esto habla muy bien de la exactitud de las cifras preliminares que nos proporciona el INEGI. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos números, todos provenientes de la misma fuente? Que de 2020 a 2021 el número de homicidios descendió 3.1%, pero si comparamos el último año de la anterior administración con 2021, disminuyó 2.9%. En promedio, en el periodo 2019-2021 la baja fue de apenas el 0.97 cada año, el 1.0% en números redondos. Es indiscutible que el número de homicidios ha descendido, pero calificar la baja como un “avance importante” es una exageración y más faltando aún 797 días para que concluya el gobierno de Andrés Manuel y en los que muchas cosas aún pueden ocurrir para disparar hacia arriba el número de homicidios. 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