El curriculum de Juan José Ríos Estavillo, actualizado hasta el 31 de diciembre del año pasado, ocupa 40 páginas tamaño carta; su resumen curricular es de dos páginas de extensión.
El desempeño profesional de este Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM ha sido dentro del ámbito académico y organismos públicos encargados de la protección del derecho a la información y los derechos humanos.
Poco en su extenso curriculum indica que tenga la experiencia necesaria para dirigir desde marzo pasado la Fiscalía General de Sinaloa, organismo que entre las muchas atribuciones que tiene están las de investigar y perseguir los delitos del orden común como son los homicidios, secuestros, abusos sexuales y violaciones, lesiones, tráficos de menores, robos de diversas índoles con o sin violencia, fraudes, extorsiones, despojos, daños a propiedad privada, violencia familiar, trata de personas o narcomenudeo.
Su inexperiencia tal vez explique, en parte, el aumento en el número de delitos sin resolver en Sinaloa, entre ellos el asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en Culiacán el 15 de mayo pasado.
En Veracruz, otro estado dominado por el hampa, el nuevo Fiscal General tampoco tiene gran experiencia en los asuntos que hoy son de su incumbencia. El abogado por la UNAM Jorge Winckler Ortiz, quien ocupa el cargo desde el 29 de diciembre pasado, obtuvo su cédula profesional en 2015, lo que indica que apenas cuenta con escasos dos años de experiencia jurídica. En su breve carrera se hizo de cierta fama al representar legalmente a Daphne Fernández, joven que presuntamente fue violada por tres jóvenes que conformaban la banda de Los Porkys y a la diputada local panista María Josefina Gamboa, quien atropelló a una persona en Boca del Río.
Lejos de perseguir eficazmente a los delincuentes que actúan con casi absoluta impunidad en Veracruz, Winckler ha dedicado casi todo su tiempo y energía en reunir la evidencia necesaria para probar los supuestos delitos de Javier Duarte, el antecesor del actual gobernador panistaperredista, el ex priista Miguel Ángel Yunes. La persecución del hampa por quien antes representó a la familia Yunes en diversos negocios particulares se ha limitado a realizar declaraciones triunfalistas y acusar al gobierno federal de proteger a la delincuencia.
Ríos Estavillo y Winckler son dos de los muchos fiscales o procuradores estatales que carecen de la experiencia y conocimientos necesarios para perseguir judicialmente a los delincuentes en sus respectivas entidades. Por eso los delitos van para arriba en muchas zonas del país afectando las vidas y patrimonios de cientos de miles, tal vez millones, de personas.
La inexperiencia de funcionarios como los aquí nombrados, promovidos e impuestos por gobernadores caprichosos, la pagamos todos.
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