Hoy entra en vigor la Ley de Austeridad ¿Republicana?

Se expidió ayer y hoy entra en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana que tiene por objeto “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a...

20 de noviembre, 2019

Se expidió ayer y hoy entra en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana que tiene por objeto “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La ley define la austeridad republicana como la “Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Al leer la anterior definición, cualquiera creería que administrar los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” es propio de los países con un sistema de gobierno republicano presidencialista, como el nuestro. Sin embargo, diversos estudios indican que esto no es cierto.

Por ejemplo, el Índice de Prosperidad Legatum 2018, realizado por el Instituto Legatum, una ONG con sede en Londres, califica la eficiencia de 149 gobiernos nacionales. En los 10 primeros lugares están Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Dinamarca y Alemania.

De estos 10, tres son repúblicas parlamentarias (Finlandia, Suiza y Alemania) mientras que los siete restantes son monarquías constitucionales. Ninguna es una república presidencialista.

Es más, entre los primeros 20 países con gobiernos eficientes solo aparece una república presidencialista: Estados Unidos, en el lugar 19. México aparece en la posición 82.




En resumen: un gobierno que administra los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” no necesariamente es republicano y por esto siempre me he opuesto al término “austeridad republicana” creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora utilizado para denominar una ley que simplemente debía haberse llamado “Ley de Austeridad”.

Entre otras cosas, la ley establece qué funcionarios podrán tener secretario particular o chofer, suprime la mayoría de las direcciones generales adjuntas, prohíbe remunerar a “los representantes gremiales en los órganos tripartitos”, limita el tipo de empresa privada en que podrá trabajar un funcionario de mando superior durante 10 años después de dejar su cargo, y hasta prohíbe “asistir al trabajo en estado de ebriedad”.

Su Artículo 6 Transitorio prohíbe que a partir de hoy los expresidentes tengan a su servicio “servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”. ¿Significa que Felipe Calderón y Vicente Fox ya no contarán con la protección militar que les dio Andrés Manuel en abril pasado?

La nueva Ley de Austeridad republicana, o no, es un buen comienzo. Espero que se cumpla.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia. No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso. Tampoco es casual que gran parte de la opinión pública se vuelque a favor del popular presidente y su partido cuando éste se va en contra de los juzgadores que, por ceñirse a lo que dicen la Constitución y las leyes, detienen temporal o permanentemente la entrada en vigor de algunas de sus reformas legales. Otra pregunta obligada es: ¿seguirán aguantando los juzgadores las presiones que reciben de AMLO para que dejen de frenar las reformas anticonstitucionales que aprueba el Congreso? Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy Sitio: ruizhealytimes.com" ["post_title"]=> string(52) "¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?" 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El pueblo sabio se equivoca muchas veces

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