Fox, Calderón, Macedo y siete exprocuradores les deben una explicación a los mexicanos

El ascenso de Genaro García Luna fue meteórico después de trabajar durante 10 años (1989-1999) en la agencia de espionaje que fue el CISEN, en donde ocupó cargos segundones. En 1999 pasó a formar parte de la...

12 de diciembre, 2019

El ascenso de Genaro García Luna fue meteórico después de trabajar durante 10 años (1989-1999) en la agencia de espionaje que fue el CISEN, en donde ocupó cargos segundones.

En 1999 pasó a formar parte de la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP), en donde fue titular de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención bajo las órdenes del comisionado general de la PFP, Facundo Rosas Rosas, personaje que años después fue el secretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cargo al que se vio obligado a renunciar después de que varios de sus subordinados resultaron involucrados en el robo de combustibles y vehículos y la venta de protección a bandas delincuenciales.

En diciembre de 2000, al iniciarse el gobierno de Vicente Fox, el recién nombrado procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha, designó a García Luna Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

El 1 de noviembre de 2001, Vicente Fox expidió el decreto que creó a la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual quedó bajo el mando de García Luna.

Durante el sexenio de Fox la AFI fue la policía más importante del país y García Luna el policía más poderoso. En esos seis años también aumentó el poder de los cárteles de la droga.

Pese a que fracasó al combatir a la delincuencia organizada, el 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón lo nombró Secretario de Seguridad Pública y lo convirtió en uno de los hombres más poderosos e influyentes del país.

Su designación fue inexplicable porque como director de la AFI se vio envuelto en diversos escándalos. Fue acusado de enriquecerse en el cargo y hasta de recibir dinero de algunos narcotraficantes. Como era de esperarse, ningún a de las denuncias en su contra prosperó.

A concluir el gobierno de Calderón, García Luna se fue a Miami y durante siete años vivió ahí sin que nadie lo molestara o investigaría el origen de una fortuna que le permitía darse una vida de grandes lujos.

En 2018, sin sospechar que sí era investigado por un fiscal federal neoyorquino, solicitó la ciudadanía estadounidense y aparentemente declaró falsedades a la autoridad ante la cual la gestionaba.

Finalmente, el martes pasado fue arrestado en Texas después de que el fiscal lo acusó de ser narcotraficante desde 2001 a la fecha y perjuro. Ese mismo día dio la casualidad de que se anunciara que en México también se le investigaba y que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por las autoridades.

En resumen, todo parece indicar que el encargado de combatir a la delincuencia organizada durante dos sexenios era parte de ella. Eso explicaría en gran medida el auge que tuvo el Cártel de Sinaloa durante ese periodo.

Creo que todos los que de alguna manera impulsaron la carrera de García Luna, especialmente Fox, Calderón y Macedo de la Concha le deben una explicación al pueblo de México.

También deben decirnos porque no investigaron a García Luna los ex titulares de la PGR: Eduardo Medina Mora (2006-09), Arturo Chávez (2009-11), Marisela Morales (2011-12), Jesús Murillo Karam (2012-15), Arely Gómez (2015-16), Raúl Cervantes (2016-17) y Alberto Elías Beltrán (2017-18).

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La primera nos dice qué porcentaje de la PEA no tiene trabajo, sea dentro o fuera de la economía formal; la segunda incluye solo a los que no tienen un empleo dentro de la economía formal. Porque no es lo mismo estar ocupado que estar empleado. De acuerdo con la ENOEN del tercer trimestre del año en curso, 56.3% de la población ocupada laboraba en el sector informal, es decir, sin prestación alguna como pueden ser el IMSS o el INFONAVIT. Si de por sí es grave el que poco más de 56 de cada 100 trabajadores estén en la informalidad, más grave aún es que en varios estados de la República sean aún más trabajadores. La informalidad es superior al promedio de 56.3% en 14 estados (el porcentaje entre paréntesis): Oaxaca (80.7), Guerrero (78.2), Chiapas (78.0), Hidalgo (73.4), Tlaxcala (71.8), Veracruz (71.5), Puebla (71.4), Morelos (67.2), Michoacán (64.3), Campeche (62.6), Tabasco (62.4), Zacatecas (62.0), Yucatán (61.0) y Nayarit (60.8). La situación es menos grave, pero no por eso deja de ser muy preocupante en el resto de los estados del país, que en ningún caso registran tasas de informalidad inferiores al 36.0%. Así están en orden descendente: San Luis Potosí (57.5), Estado de México (57.0), Guanajuato (56.6), Durango (51.9), CDMX (49.3), Colima (49.3), Sinaloa (48.2), Jalisco (47.0), Quintana Roo (46.5), Tamaulipas (45.9), Querétaro (43.8), Sonora (41.1), Aguascalientes (40.8), Baja California (37.7), Chihuahua (37.4), Nuevo León (37.1), Baja California Sur (36.7) y Coahuila (36.0). Diversos estudiosos de la materia, entre ellos Rafael La Porta y Andrei Shleifer (Informality and Development, Journal of Economic Perspectives 28 (3): 109-26, 2014), sostienen que “la informalidad condena a muchos trabajadores a ingresos bajos y precarios con mínima seguridad social, evita que los pobres tengan acceso a los préstamos e instrumentos de ahorro que tanto necesitan, y disminuye la prosperidad general de la sociedad al proliferar la ineficiencia económica”. Yo añadiría que la informalidad también evita que los trabajadores tengan acceso a mayores niveles educativos que les permitan obtener los empleos mejor pagados que ofrece el mercado laboral. Al no existir en muchos lugares del país el personal calificado que las empresas requieren, éstas no invierten y la informalidad y la pobreza se perpetúan. 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