¿Evolución o revolución?

La Ley General de Desarrollo Social, promulgada el 20 de enero de 2004, establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo...

15 de mayo, 2020

La Ley General de Desarrollo Social, promulgada el 20 de enero de 2004, establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado que tiene por objeto “normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza”. 

La ley fue aprobada por el voto unánime de los legisladores federales, entre ellos, muchos que hoy militan en MORENA y ocupan cargos relevantes en el gobierno federal y en los gobiernos de algunos estados.

Hace casi siete años todos los partidos políticos representados en el Congreso –los  de derecha, centro e izquierda– aprobaron  la creación del CONEVAL conscientes de que era necesaria una institución apartidista que definiera, identificara y midiera la pobreza que, desde la fundación de la República, ha sido una terrible e irresuelta realidad para la mayoría de los mexicanos.

La misma ley establece, en su artículo 36, que el CONEVAL “deberá utilizar la información que genere el INEGI, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación, y; VIII. Grado de cohesión social”.  

Tanto dentro como fuera del país se reconoce la capacidad del CONEVAL para evaluar con absoluto profesionalismo a los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal, así como a la política social y sus diversas estrategias. Distintas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han reconocido su relevancia y labor.

Anoto lo anterior porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no comparte los pronósticos anotados en el informe más reciente del CONEVAL, “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México”, donde apunta que la pandemia podría generar hasta 10 millones de nuevos pobres.




A AMLO no le gustó el dato, dijo que el informe “se basa en parámetros antiguos” y presumió que sus programas para otorgar créditos a millones de personas evitarán que haya más pobres.

“Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda, todos los días estamos dispersando recursos, créditos, vamos a seguir con lo mismo…”, señaló Andrés Manuel, olvidando que un crédito de 25 000 pesos realmente no sirve de mucho y que, a fin de cuentas, quien recibe el dinero debe restituir ese monto más los intereses devengados, lo que lo dejará igual o más pobre.  

Entiendo y apoyo que el presidente quiera desaparecer todo lo que no sirvió de gran cosa, pero no comprendo su afán de barrer con instituciones útiles como son el CONEVAL, el IFAI y otras, bajo el argumento de que fueron una creación del neoliberalismo.

¿Qué pretende? ¿Encabezar una evolución o una revolución? ¿Construir con base en lo que se ha creado a lo largo de casi 200 años o destruir todo y empezar desde cero?

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El presidente se equivoca al promover esta idea, porque la historia demuestra que muchos políticos demagogos y nefastos han llegado al poder por la vía democrática al ganar una mayoría de los votos emitidos por los ciudadanos que, lejos de actuar con sabiduría, se han dejado convencer por quien les ofrece soluciones sencillas para problemas complejos y les promete cosas a sabiendas de que no podrá cumplir su palabra. El mejor ejemplo de que el pueblo se equivoca es Alemania, cuyos ciudadanos, de los más cultos y preparados del mundo al empezar la década de los 30 del siglo pasado, votaron para que el Partido Nazi de Adolf Hitler fuera el más importante, lo que le permitió a éste maniobrar para ser nombrado canciller, en enero de 1933, por el senil presidente von Hindenburg. Dos meses después, los nazis y sus aliados en el parlamento aprobaron la Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y del Reich, que convirtió a Hitler en dictador absoluto de uno de los pueblos más educados. En la época en que nos toca vivir, varios dictadores han llegado al poder por la vía democrática. Algunos de ellos acabaron con el sistema de elecciones libres e imparciales, mientras que otros manipularon el sistema electoral para que este solo sirviera para validar su permanencia en el poder. Hoy, Bielorrusia, Camboya, Camerún, Gabón, Georgia, Hungría, Nicaragua, Polonia, Ruanda, Rusia, Singapur, Siria, Turquía, Uganda y Venezuela, entre otros, son gobernados por autoritarios que usan el proceso electoral para perpetuarse en el cargo y utilizan a los poderes legislativo y judicial para eliminar cualquier tipo de oposición. La mayoría de estos gobernantes llegaron por primera vez al poder gracias a un proceso electoral más o menos eficaz y después de prometerles a sus pueblos sabios que ellos, a diferencia de sus antecesores, sí resolverían sus problemas y promoverían la democracia. Si la historia demuestra que el pueblo no solo se equivoca, sino que lo hace repetidamente, ¿por qué creerle a AMLO cuando dice que, en el caso de Guerrero, por ejemplo, el pueblo sabrá elegir a su próximo gobernador, si no ha sido capaz de hacerlo nunca? Recordemos que en 2005 y 2011 los guerrerenses eligieron a dos perredistas que entonces eran compañeros de partido del presidente y vaya que se equivocaron, porque ni Zeferino Torreblanca ni Ángel Aguirre Rivero hicieron mucho para sacar a su estado de su atraso ancestral. El primero era un destacado empresario y el segundo un político profesional que del PRI se fue al PRD. Ambos fueron plenamente avalados entonces por Andrés Manuel. 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“Guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”

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