¿Esperará el pueblo a que las políticas de la 4T den resultados?

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la violencia e inseguridad, que devastan varias zonas del país, desaparecerán una vez que se reduzca...

9 de julio, 2019

Eduardo Ruiz-Healy

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la violencia e inseguridad, que devastan varias zonas del país, desaparecerán una vez que se reduzca la desigualdad y cuando la mayoría de los mexicanos perciba mayores ingresos, reciba una educación de calidad, practique deportes, realice más actividades recreativas, tenga acceso a las diversas manifestaciones culturales, y ponga en práctica los altos valores que, según él, caracterizan a nuestra sociedad.

También ha dicho a menudo que la violencia institucional no es la solución para resolver la violencia que resulta de diversas actividades delincuenciales.

Indudablemente tiene razón al afirmar que la violencia y la inseguridad se reducirán conforme los mexicanos que menos ingresos perciben accedan a una mejor calidad de vida. Sin embargo, a diferencia de él, creo que la violencia del Estado se justifica para detener los actos de criminales acostumbrados a operar con una casi absoluta impunidad.

El 20 de marzo pasado, una nota de la reportera Dora Villanueva en el diario La Jornada anotó que, de acuerdo a un reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “La pobreza alcanza a 33.6% de la población y 42.8% se encuentra en condición de vulnerabilidad, lo que implica que están a un escalón también de ella, según los parámetros de los organismos internacionales”.

Si consideramos que México tiene actualmente casi 127 millones de habitantes, estamos hablando de casi 43 millones de pobres y poco más de 54 millones en condición de vulnerabilidad.

La realidad muestra que la mayoría de los integrantes de una organización criminal pertenecen a los estratos pobres y vulnerables, mientras que de las clases media y alta provienen los financieros y empresarios que mueven el dinero de los delincuentes, los abogados que los defienden legalmente y los políticos y funcionarios públicos que los protegen.

Alcanzar las metas fijadas por AMLO para que nuestra sociedad sea más igualitaria no será fácil. Lo que no se pudo lograr en los casi 200 años desde que México alcanzó su independencia, no se logrará en un solo sexenio ni en dos, quién sabe en cuántos, pero es necesario empezar ya.

El presidente insiste en señalar que su gobierno no representa un cambio de administración, sino de régimen, lo que significa que pretende destruir todo lo que a su juicio no funcionó o funcionó mal hasta el 1 de diciembre de 2018 y reemplazarlo con nuevas formas de administrar al país.

Si las nuevas políticas y estrategias del gobierno de la Cuarta Transformación empiezan a disminuir los niveles de pobreza y vulnerabilidad de 97 millones de personas, es muy probable que veamos una disminución en las tasas de delincuencia, que en nuestro país son escandalosas.

Lo único que debemos preguntarnos es si la mayoría de los mexicanos está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para reducir la violencia y la inseguridad.

Las encuestas señalan que se está agotando la paciencia de un pueblo agredido por la delincuencia desenfrenada. Andrés Manuel se equivocará si opta por ignorar esta realidad.

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