El Plan Nacional de Seguridad y Paz que presentó el miércoles pasado el presidente electo de México ha sido desde ese día uno de los principales temas que se han discutido y analizado en los medios de comunicación.
Para disminuir las altas tasas de criminalidad que se registran en gran parte del país, el plan busca: 1. Combatir la corrupción y mejorar la procuración e impartición de justicia; 2. Promover la creación de empleos, mejorar los servicios educativos y de salud, y procurar que haya mayor bienestar entre los mexicanos; 3. Combatir la impunidad que existe en los casos de violaciones a Derechos Humanos: 4. Promover la regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral y cambiar el modelo cultural del consumismo que estableció el neoliberalismo; 5. Analizar la conveniencia o no de mantener la prohibición de ciertas drogas y darle importancia a la atención a los adictos; 6. Pacificar al país aceptando, en primer lugar, que la guerra está perdida. Por lo anterior, proponer una tregua para negociar con las bandas criminales su “desmovilización, desarme y reinserción”. A cambio, los delincuentes deberán colaborar con las autoridades, mostrar que están arrepentidos y reparar el daño que han infligido a personas, organizaciones y la sociedad en general; 7. Recuperar las cárceles para que ya no las controlen los delincuentes; 8: Crear una Guardia Nacional militarizada integrada en un inicio por soldados, marinos y policías federales bajo el mando de la Secretará de la Defensa Nacional.
Es indudable que los objetivos del plan lopezobradorista son excelentes. Sin embargo, del dicho al hecho deberemos los mexicanos transitar un largo trecho en vista de que lograr cada uno de los objetivos, aunque sea parcialmente, requerirá de tiempo, recursos, esfuerzos y hasta un cambio de mentalidad, tanto en las personas encargadas de llevar a cabo el plan como en todos los habitantes del país.
En lo que la negociación de una tregua con las bandas criminales se refiere, me pregunto si era prudente que el gobierno entrante declarara que la guerra contra la delincuencia está perdida. Mejor noticia no podrían haber recibido los narcotraficantes, secuestradores, tratantes de mujeres, hombres y niños, falsificadores de productos, traficantes de armas, tesoros arqueológicos y obras de arte, y demás personas que forman parte de la delincuencia organizada.
Porque, ¿para que negociar algo con mi enemigo si éste ya reconoció que le gané? ¿Por qué desmovilizarme, desarmarme y tratar de reintegrarme a una sociedad que por un trabajo honesto no me va a dar los ingresos ni el falso prestigio que me da una actividad criminal?
Es indudable que el reto que enfrentará el nuevo gobierno apenas asuma el poder es inmenso, como inmenso es el poder dela delincuencia organizada que opera en nuestro país y tiene, en muchos casos, intereses trasnacionales.
Un experto en la materia, Alejandro Desfassiaux, me dijo que el principal mérito del plan presentado por Andrés Manuel es el de militarizar a la Guardia Nacional y ponerla bajo el mando de la Secretaria de la Defensa, la cual después de 12 años de combatir a la delincuencia ha aprendido mucho sobre la materia.
Me queda claro que los que gobernarán al país dentro de pocos días ya oficializaron que la guerra contra la delincuencia está perdida y que, mientras se logran los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y Paz, la lucha contra la delincuencia seguirá siendo encarnizada y que miles de mexicanos morirán.
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