El gobierno de AMLO debe combatir el contrabando de armas

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18 de junio, 2019

Durante los años 2016, 2017 y 2018 miles de homicidas mataron, con una casi absoluta impunidad, a 74 145 personas, de las cuales 49 374 (el 66.6%) fallecieron por arma de fuego. En ese mismo periodo se cometieron, con arma de fuego, 464 homicidios culposos y 527 feminicidios. O sea que en tres años 50 365 personas murieron a balazos.

En esos mismos años las armas de fuego hirieron a 26 675 personas: 25 800 fueron víctimas de lesiones dolosas y 875 de culposas.

De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por el Center for American Progress, entre 2011 y 2016 el 70% de las 106 000 armas de fuego utilizadas en delitos violentos en México y recuperadas por la policía provenían de EEUU.

Un artículo que se publicó el 24 de mayo de 2018 en el diario Los Angeles Times anota que “cada día, la tienda de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional [localizada en la CDMX y administrada por la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la SEDENA] vende en promedio solo 38 armas de fuego a civiles, mientras que aproximadamente 580 armas se introducen de contrabando desde Estados Unidos”.

580 armas al día implica que al mes entren ilegalmente 17 400 armas de fuego y al año 208 800.

Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con datos de la extinta Procuraduría General de la República (actual Fiscalía General de la República o FGR), de 2007 a 2017 fueron decomisadas 179 727 armas de fuego, es evidente que nuestro gobierno perdió hace mucho tiempo su lucha por frenar su contrabando.

Si se introdujeron 2 088 000 armas en esos 10 años y se decomisaron solo 179 727, significa que en todo el país hay un mínimo de 1 908 273 escopetas, fusiles, subfusiles, carabinas, pistolas, revólveres y pistolas ametralladoras.

Por si lo anterior no bastara, el estudio Estimating Global Civilian Held Firearms Numbers, realizado por el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo (GIIDS por sus siglas en inglés) de Ginebra (Suiza) difundido en junio del año pasado, calcula que en México hay 16 809 000 armas de fuego en posesión de particulares, la mayoría de ellas ilícitas en vista de que solo 3 118 592 están registradas en la SEDENA. Esta cifra es la que calcularon los expertos del mencionado instituto y es la mejor aproximación de la realidad.

De ser cierta la cifra del GIIDS, México sería el séptimo país con más armas en posesión de particulares, detrás de Estados Unidos, India, China, Pakistán, Rusia y Brasil. En lo que armas por cada 100 000 habitantes se refiere, México ocupa la posición número 60 (12.9).

Para resolver este problema, el gobierno de EEUU no ayudará en nada a México pese a que nuestro gobierno lo ha solicitado durante años. La campaña de reelección de Donald Trump recibe mucho dinero de la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association o NRA), que representa a los fabricantes de armas, y de muchos propietarios de las 393 347 000 armas de fuego que hay en ese país.

Para impedir que sigan entrando armas de fuego al país, el gobierno de AMLO debe acabar con la gran corrupción que hay en las aduanas, implantar controles rigurosos en nuestra frontera norte y castigar con las penas más severas a quienes sean atrapados cometiendo el ilícito. No le queda de otra.
 

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Desde su expedición la ley ha sido reformada o adicionada 16 veces por la legislatura local, siendo la última el 18 de diciembre de 2014. En su momento muchos criticaron la ley promulgada por quien decía defender a los pobres y al pueblo porque prohibía diversas conductas negativas que, ni antes ni después de que entró en vigor, ningún gobernante de la Ciudad de México o DF ha sido capaz de reducir o eliminar. Un analista de la época dijo que la ley le “dio a los policías armas para extorsionar y sacar de espacios de la ciudad a los más pobres, grafiteros, vendedores ambulantes o artesanos, entre otros". Por ejemplo, una infracción contra la tranquilidad de las personas que es letra muerta es “prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja previa”. Entre estos infractores están los limpiaparabrisas que en la CDMX muchas veces exigen que se les pague por su servicio, a veces con mucha agresividad, aunque no se les haya solicitado el mismo o que expresamente se les dijera “no, gracias”.  Otra acción contra la tranquilidad de las personas que ninguna autoridad combate es “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos”. También es letra muerta cuando uno escucha a un microbusero hacer sonar sus cornetas de aire que pueden dejar sordo a cualquiera. Una infracción contra la seguridad ciudadana es “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente”. Se trata de otra disposición que nadie respeta, empezando por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien con tal de quedar bien con quienes espera que voten por ella en 2024, anunció ayer que no va a prohibir la quema de cohetes olvidando que no le toca a ella prohibir ni autorizar lo que ya está regulado en la Ley de Cultura Cívica que promulgó su jefe y patrón cuando ella era su leal secretaria de Medio Ambiente. De nada sirven las leyes si los gobernantes no las hacen cumplir. 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Las intrascendentes renuncias de secretarios de Estado

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