El INEGI informó ayer que la inflación anual de julio se ubicó en 3.51%, muy por debajo del 5.57% reportado en el mismo mes del año pasado. La inflación mensual fue de apenas 0.27%. Es una buena noticia que refleja cierta contención en los precios al consumidor, en un contexto donde por meses los hogares han enfrentado aumentos constantes. Sin embargo, un análisis detallado del reporte indica que una parte importante de esta baja se debe a un fenómeno coyuntural con efectos colaterales importantes que conviene no minimizar.
La caída no se debe a que la economía esté en recuperación o a que la política monetaria del Banco de México esté rindiendo frutos inmediatos. Aunque el banco ha recortado a 7.75% su tasa de interés desde marzo —su nivel más bajo en tres años—, sus efectos todavía no se reflejan plenamente en los precios. La verdadera razón detrás del alivio inflacionario es mucho más concreta: los precios de frutas y verduras se desplomaron de forma extraordinaria y poco frecuente.
Según el INEGI, en julio los precios de frutas y verduras cayeron 12.10% a tasa anual, su desplome más fuerte desde 2017. Productos como la uva (–18.35%), la papaya (–8.40%), el aguacate (–6.01%) y el jitomate (–1.91%) registraron caídas mensuales considerables. Esta deflación agrícola fue tan pronunciada que arrastró al índice no subyacente a apenas 1.14% anual. Y con ello, jaló hacia abajo a toda la inflación general, maquillando parcialmente la presión que persiste en otros sectores del consumo.
¿Y quién pagó el precio de este respiro estadístico? Las casi un millón de personas que dependen directa o indirectamente del cultivo, recolección y comercialización de frutas y hortalizas. Cuando los precios se desploman así, se desploman también sus ingresos. Se cancelan jornales, se reducen cosechas y se pierden toneladas de producto que ya no conviene ni levantar. Sin precios de garantía ni seguros agrícolas funcionales, la gran mayoría queda a merced del mercado. La inflación la frenaron los campesinos… sin que nadie se lo pidiera ni les ofreciera protección alguna.
Además, mientras la verdura se abarata, lo que sí sigue subiendo —y rápido— son los servicios. Comer en fondas, loncherías y taquerías fue 0.54% más caro solo en julio, mientras que los “otros alimentos cocinados” subieron 0.90%. Los servicios en restaurantes y similares aumentaron 0.43% en el mes y 7.79% en el último año. Y también crecieron 10.29% anual los alimentos de origen animal, impactando directamente el costo de la carne, el pescado, los huevos y la leche en hogares de todos los niveles de ingreso, pero sobre todo en los más pobres.
La baja en la inflación general debe valorarse, sin duda, pero sin caer en triunfalismos. Si los precios se contienen a costa del ingreso rural, y si siguen encareciéndose los servicios como los que proporcionan restaurantes y loncherías a millones de personas, y los alimentos básicos de origen animal mientras la economía avanza apenas 1.2% anual —según la estimación oportuna del INEGI para el segundo trimestre—, el riesgo no desaparece: alta inflación en servicios con un crecimiento modesto del PIB huele, más que a recuperación firme, a un cuadro incipiente de estanflación. Sería un error ignorarlo.
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