El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El lunes comenté que el informe señalaba que, según cálculos de la ASF, el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) fue “de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril de 2019”.
Ante tal discrepancia pedí que fueran investigados los responsables de la cancelación, el ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el ex director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo.
El martes referí como AMLO, durante su conferencia de prensa del día anterior, rechazó los datos de la ASF: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos… porque le están dando mal la información a nuestros adversarios…”.
Mi columna del martes la redacté el lunes, antes de que ese mismo día, ya tarde, la ASF emitiera un comunicado firmado por el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en el cual, refiriéndose la auditoría del NAICM: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco; Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”. También explica que en la auditoría se consideran algunos flujos “que no representan un costo… Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida… intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual…” y otros conceptos poco claros.
Hasta el momento la ASF no ha explicado cuál fue la “deficiencia metodológica”.
Ayer, en su conferencia matutina, AMLO le pidió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, que se investigue para esclarecer “a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF” de las cuales “se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno… aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas… más bien, creo que se trata de una actitud politiquera, que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.
La acusación del presidente contra la ASF es sumamente seria porque asegura que el principal órgano fiscalizador del gasto público de nuestro país, que debe ser apolítico e imparcial, obedece los intereses de los que se oponen a su gobierno.
El titular de la ASF, David Colmenares, así como Caso Raphael, deben esclarecer cuanto antes la situación porque la credibilidad de la institución está en juego. Si hubo error, que expliquen cuál fue y porque se incurrió en él.
El desprestigio de la ASF le podría venir como anillo al dedo a un gobierno que no ha sido muy transparente en cuanto al uso de cuantiosos recursos públicos.
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