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El caso García Luna mostró los vínculos entre el crimen organizado y el poder político

17 de octubre, 2024

Ayer, en una corte de Nueva York, el destino de Genaro García Luna llegó a su desenlace. Este exsecretario de Seguridad Pública, rostro visible de la mal llamada guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón, conoció su sentencia tras haber sido declarado culpable de cinco cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de drogas y su estrecha asociación con el Cártel de Sinaloa. Pasará los próximos 466 meses, casi 38.5 años, en prisión, descontando los cinco años que estuvo recluido en una cárcel de Nueva York. Es curioso que el juez Brian M. Cogan, quien lo sentenció, pareciera estar de mejor humor después del almuerzo, porque, como señalan los premios Nobel Daniel Kahneman, Olivier Sibony y Cass Sunstein en Ruido: Un fallo en el juicio humano (Debate, 2021), los jueces estadounidenses tienden a ser más indulgentes tras comer que antes. Tal vez por eso no le dictó la prisión perpetua.

El caso del exfuncionario ha sido uno de los mayores escándalos judiciales de México, no solo por su alto perfil, sino por lo que revela sobre los vínculos entre el crimen organizado y el poder político. Desde su detención en 2019 hasta su condena en 2023, el proceso ha sacudido a la clase política y ha expuesto la fragilidad de las estrategias de seguridad aplicadas por los gobiernos de Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, García Luna, el mismo que dirigió la lucha contra los cárteles, salvo el de Sinaloa, sabe que pasará el resto de su vida tras las rejas, al menos en teoría, dado que ya tiene 56 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido de cerca este caso y dejó claro que no intervendrá en las decisiones judiciales de EE. UU. Ayer anunció que en su mañanera de hoy abordará nuevamente el tema, insistiendo en que son cosas que México no debe olvidar, porque “quien olvida repite los mismos errores”.

La presidenta también criticó duramente la carta que García Luna envió al juez Cogan, en la que destacó su buena conducta en prisión y su historial familiar como atenuantes. La presidenta no dudó en calificarlo de “cínico” por tratar de vincular su caso con la reforma al Poder Judicial. Además, recordó que AMLO había señalado que el otrora poderoso funcionario calderonista podría estar vinculado con el encubrimiento en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

A pesar de que existen ciertos mecanismos legales en EEUU que podrían permitir a García Luna una liberación anticipada, la gravedad de los cargos hace que estos escenarios parezcan más bien ilusorios. Las leyes que permiten reducir sentencias excluyen específicamente a quienes, como él, han sido condenados por delitos graves relacionados con el narcotráfico.

Para García Luna, el juicio terminó y estancia en prisión apenas comienza. Mientras tanto, en México, las repercusiones políticas continúan, y figuras como Claudia Sheinbaum no dejarán que el caso caiga en el olvido. Queda por ver cuánto sabía Felipe Calderón sobre los crímenes de su hombre de confianza y quién sabe cuántos otros funcionarios de su gobierno. Si no sabía nada es un estúpido, si sí sabía es un cómplice o, mínimo, un encubridor.

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