Desde 1976, la Universidad de Sonora acumula más de 577 días de huelga efectiva: el primer lugar nacional entre las universidades públicas del país.
La huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS), que estalló el 14 de mayo, una semana después de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS) levantara su propio paro de 21 días, no es una anomalía. Es el ejemplo de un modelo de negociación colectiva roto.
La rectora Dena María Camarena, en lugar de negociar acuerdos preventivos optó por archivar los emplazamientos y así radicalizó a los sindicatos y se quedó sin margen de maniobra.
Los números exhiben la distancia entre las partes. La Rectoría ofrece 4% directo al salario base y 0.96% en prestaciones. El STAUS exige 10.8% directo y 5%. El gobernador Alfonso Durazo inyectó 200 millones de pesos extraordinarios al presupuesto de la universidad, pero para el STAUS solo hay 12 millones para prestaciones de monto fijo porque los recursos estatales no pueden modificar el tabulador salarial federal.
La pregunta es por qué la UNISON y las demás universidades públicas no tienen dinero para pagar salarios dignos. La respuesta es estructural: universidades sobredimensionadas, con plantas administrativas infladas y matrículas masivas que el presupuesto federal no puede cubrir. Para tener más dinero para operar, la UNISON descontó el ISR del salario de sus docentes durante años, pero no lo enteró al SAT y el adeudo acumulado asciende a 1,474 millones de pesos, que hoy paga a razón de 10 millones mensuales.
No es un caso aislado. La Veracruzana acumula más de 1,500 millones en retenciones pendientes. La Michoacana anticipa un déficit de 768 millones. Es la versión universitaria del modelo Pemex: organismos que usan el dinero de sus trabajadores como caja chica, seguros de que el SAT no los ejecutará. A diferencia de Pemex, aquí no hay rescate posible: el costo lo pagan los docentes con salarios erosionados y los estudiantes con semestres perdidos.
Por cualquier métrica internacional, la UNISON es mediocre: rango 1401+ en el Índice QS y 1501+ en el THE. En Sonora se le considera élite, pero esa percepción se basa en su monopolio educativo regional. La Veracruzana comparte ese rango pese a recibir casi 7,000 millones de pesos anuales de subsidio. La Michoacana ocupa el rango 1401-1500 en el QS y el 1501 en el THE. Todas deben al SAT y todas reprueban en los rankings mundiales. La mejor universidad de México, la UNAM, está en el lugar 136 mundial. El IPN en el rango 851-900. Para la duodécima economía mundial, eso no es un logro. La UNISON no es la excepción, sino el retrato del sistema público de educación superior en México.
El país exige profesionales calificados y la IA está sustituyendo a los egresados de las universidades, sobre todo a los de las mediocres. Las privadas tampoco escapan: ninguna mexicana figura entre las 175 mejores del mundo. La UNISON, sin embargo, suma a esa mediocridad el agravante de suspender actividades dos meses al año.
La crisis de la Universidad de Sonora no es laboral ni presupuestal. Es una crisis de viabilidad. Una institución que lleva medio siglo perfeccionando el arte de paralizarse a sí misma no está en condiciones de preparar a sus estudiantes para un mercado que no espera a nadie.
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