La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el INEGI dio a conocer el viernes pasado vuelve a revelar lo que el discurso oficial se niega a reconocer: el país que se refleja en los informes del Gabinete de Seguridad no es el que viven millones de personas en las ciudades. Las cifras del cuarto trimestre de 2025 hablan por sí solas. El número de mexicanos que perciben que el lugar donde viven no es seguro volvió a subir y cerró 2025 en 63.8%, frente a 61.7% en 2024.
El punto ya no es metodológico. Es político. El gobierno ha basado su prestigio en un solo indicador: la disminución de los homicidios dolosos y de los delitos de alto impacto. Esos datos son relevantes y nadie niega que hay avances reales en la lucha contra la delincuencia. Pero eso no es suficiente. Para el residente urbano, la seguridad no se vive con base en estadísticas nacionales, sino en el día a día: en el camino al trabajo, en la parada del transporte público o en el cajero automático.
Ahí es donde la historia difiere del discurso gubernamental. El miedo a ser asaltado en cajeros y en el transporte público se mantuvo en un preocupante 72.3%. Siete de cada 10 personas sienten inseguridad en los lugares más cotidianos y frecuentados. Y no es una sensación aislada ni sugestionada: es lo que siente toda una sociedad y esa sensación no disminuye.
La ENSU también señala la inseguridad como un problema económico, un asunto que generalmente queda fuera de la narrativa oficial. En el segundo semestre del año pasado, 32.3% de los hogares urbanos fueron víctimas de algún delito, en comparación del 29.8% en 2024. No son sucesos aislados, sino experiencias continuas que afectan a las finanzas familiares, al tiempo y a la paz mental.
El aumento de la extorsión es la señal más alarmante. Este crimen ya afecta al 14.1% de los hogares urbanos, cuando hace un año llegaba al 11.4%. Es un gran crecimiento del delito que mejor ejemplifica la brecha entre los números que se festejan y la realidad que parece ignorarse. Que muchas víctimas no denuncien no quiere decir que el delito no esté ahí; quiere decir que no confían en la policía, no quieren perder el tiempo o no quieren llamar la atención sobre sí mismas.
La imagen de las instituciones también cae en picada. Entre finales de 2024 y 2025, la calificación de la Marina bajó del 87.6% al 83.0%, la del Ejército del 83.4% al 79.7% y la de la Guardia Nacional del 74.0% al 70.0%. A nivel local, donde se juega la seguridad de todos los días, la opinión sobre la efectividad de los gobiernos municipales cayó del 32.6% al 29.9%.
Con esos números del INEGI que no pueden disimularse, se entiende por qué el gobierno no pone la percepción en el centro de la evaluación y de su mensaje de seguridad. Los homicidios y los delitos de alto impacto permiten presumir avances, pero no así la percepción de lo que pasa en el cajero, en el camión y en la calle. Si se ignoran esos datos, se gobierna una narrativa. El Gabinete de Seguridad debe usar la ENSU.
El INEGI ya puso los números. Falta ahora que el gobierno se alinee con la realidad. Mientras caminar por una ciudad se sienta como un acto de valentía; no habrá éxito mañanero que aguante, ya que el miedo es lo que domina.
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