La Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJV) arrestó ayer a 19 exfuncionarios de la Secretaria de Seguridad Pública de ese estado. Se les acusa de actuar de manera organizada para cometer por lo menos 15 desapariciones forzadas en 2013, durante la administración del hoy encarcelado gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Entre los 19 están el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, el exjefe de reclusorios; el exdirector de Operaciones Especiales, el exdirector de la Fuerza Civil, el exdelegado de Seguridad Púbica y excomandante de la Fuerza de Reacción y el exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública que antes fue director de Policía Ministerial en Tamaulipas.
Bermúdez y el exdirector de Reclusorios ya estaban presos en vista de que son acusados de otros delitos. El primero, por ejemplo, aceptó hace meses mediante una confesión escrita que en 2016 desvió 1,300 millones de pesos hacia la campaña del entonces candidato priista a la gubernatura veracruzana, el senador Héctor Yunes Landa, quien naturalmente lo niega y jura y perjura que ese dinero nunca le llegó.
Los 19 exfuncionarios serán enjuiciados en prisión debido a que el delito de desaparición forzada es grave y más cuando entre las víctimas hay menores de edad. Si son declarados culpables, podrían ser sentenciados a hasta 90 años de cárcel.
Sobre el asunto la desaparición forzada de personas y asesinatos extrajudiciales cometidos durante el sexenio de Duarte escribí lo siguiente el 28 de septiembre de 2016: “la PGR tal vez debería investigar los rumores que afirman que muchos probables delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente por policías estatales que siguieron sus órdenes (en una reunión Duarte se jactó precisamente de eso)”.
También me referí a este tema el 15 de mayo del año pasado: “El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, una vez presumió de que sus policías estatales no tomaban presos”.
La FGJV debe ahora demostrar ante un juez si en efecto son culpables los acusados. También está obligada a precisar el número de desapariciones extrajudiciales que se llevaron a cabo durante el gobierno de Duarte, identificar a las víctimas y aclarar si además de los 19 actualmente encarcelados hay otros exfuncionarios involucrados en estos delitos.
Tal vez lo más importante que debe hacer la FGJV es determinar si los supuestos criminales actuaron por su propia cuenta o siguiendo las órdenes del entonces gobernador. Si Duarte les ordenó hacerlo, ¿puede ser o no juzgado por ello en vista de que fue extraditado de Guatemala acusado de cometer otros delitos?
En su oportunidad, en mi programa de radio y TV, le sugerí al gobierno de México que solicitará la deportación y no la extradición del exgobernador para que así pudiera ser juzgado por cualquier delito que se le descubriera. ¿Al extraditarlo lo protegieron?
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