El presidente estadounidense Donald Trump envió el viernes pasado al Congreso de su país, para su ratificación, el texto del Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) o United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).
Parte del documento que envió a los senadores y representantes, señala lo siguiente (la traducción es mía):
“Subtítulo B. Agregados Laborales en México
SEC. 721. Establecimiento.
El secretario de Trabajo: 1) contratará y fijará la compensación de hasta cinco oficiales adicionales a tiempo completo o empleados del Departamento de Trabajo; 2) y detallará o asignará a dichos oficiales o empleados a la Embajada de los Estados Unidos o a un Consulado de los Estados Unidos en México para llevar a cabo los deberes descritos en la sección 722.
SEC. 722. Deberes.
Los deberes descritos en esta sección son los siguientes: (1) Ayudar al Comité Interinstitucional del Trabajo a supervisar y hacer cumplir las obligaciones laborales de México. (2) Presentar al Comité Interinstitucional del Trabajo informes trimestrales sobre los esfuerzos emprendidos por México para cumplir con sus obligaciones laborales”.
Traduje el texto que está en la versión en inglés del USMCA, tal como aparece en el sitio www.finance.senate.gov/imo/media/doc/USMCA_final_xml.pdf, en vista de que dicho Subtítulo B no aparece en la versión en español del T-MEC ni en el texto del Protocolo Modificatorio al T-MEC que están en el sitio www.gob.mx/t-mec.
Es decir que el gobierno de Donald Trump envió al Congreso estadounidense un texto que difiere del que difundió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya fue aprobado por el Senado de la República.
Sobre este asunto, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade, dijo el sábado pasado que “En términos generales, la legislación presentada ayer, en Estados Unidos, contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadunidenses en México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país (…) Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en Estados Unidos, no fue, por razones obvias, consultada con México. Y desde luego, no estamos de acuerdo (…) Es preocupante que, a través de una iniciativa de ley, se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes”.
El gobierno mexicano se opuso a la creación de estos agregados o inspectores laborales desde el momento en que el gobierno estadounidense los propuso y, supuestamente, ambas partes acordaron la creación de paneles de expertos para que supervisen y verifiquen que México está cumpliendo con lo que establece su nueva legislación laboral.
La pretensión de Trump y sus legisladores de enviar a funcionarios federales de su país para que califiquen el comportamiento de los mexicanos es totalmente inaceptable. Es algo que ellos ni remotamente aceptarían.
El presidente López Obrador y los funcionarios que negociaron el T-MEC deben explicar qué es lo que pasa. Es inadmisible que existan dos versiones de un mismo tratado comercial. ¿Cuál de las dos es la buena?
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