Dos liberaciones injustificadas que la PGR debe investigar

Ayer asesinaron en Culiacán a César Alberto Acosta Cháirez, de 31 años de edad. Cuando manejaba un Volkswagen sedán le dispararon desde dos automóviles que lo seguían. Bajó del coche, corrió hacia un centro comercial para esconderse, pero los agresores lo alcanzaron y mataron a balazos.

Según algunos reportes, Acosta Cháirez trabajó como asesino a sueldo para el Cártel de Sinaloa cuando éste era encabezado por el hoy preso Joaquín “El Chapo” Guzmán.

También trascendió que en 2005 fue arrestado por la policía por portación ilegal de arma de fuego y que había varias órdenes de aprehensión dictadas en su contra.

Como muchas veces sucede, el presunto sicario que ayer perdió la vida fue liberado sin mayor problema por la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa. Se desconoce por qué, pero puede suponerse que el ministerio público decidió dejarlo libre sin mayor trámite, o que no presentara las pruebas necesarias para que un juez decidiera su encarcelamiento preventivo y posterior juicio. También es muy probable que, si el asunto llegó a un juzgado, el titular del mismo haya ordenado su liberación basado en algún tecnicismo legal.

En jueves pasado, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, anunció que en Monterrey fue capturado Fernando Martínez Magaña, alias El 16,  El Z-16 o Don Fernando, presunto jefe del cártel de Los Zetas en el municipio de Nuevo Laredo.

Curiosamente, el 16 de junio de 2011 el Z-16 fue aprehendido por marinos en Nuevo Laredo, hecho que no mencionó Rubido García.

Aquí cabe preguntarse qué hizo el Z-16 en junio de 2011 para lograr su liberación. ¿Intimidó o sobornó al agente del ministerio público o al juzgador que se encargaron de su caso? Aparentemente nadie considero que su delito fuera grave pese a que cuando fue arrestado portaba armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cartuchos, dinero de dudosa procedencia, vehículos, equipo táctico y de comunicación que generalmente utilizan las bandas delincuenciales en nuestro país; pese a que se suponía que era un mando dentro del cártel de os Zetas.

Del 16 de junio de 2011 al 15 de mayo de 2014 transcurrieron 1065 días; 2 años con 11 meses en que el Z-16 aparentemente se dedicó a seguir realizando actividades que probablemente se tradujeron en la pérdida de quién sabe cuántas vidas humanas, la afectación de la economía tamaulipeca y la zozobra de los habitantes de Nuevo Laredo.

Los casos del supuesto gatillero del Cártel de Sinaloa asesinado en Culiacán y del supuesto jefe de Los Zetas de Nuevo Laredo capturado en Monterrey son una muestra más de la corrupción que caracteriza a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en nuestro país. Nada, que no sea la colusión de policías, ministerios públicos y jueces con las organizaciones criminales, permite explicar que ambos personajes fueran liberados después de ser capturados hace años.

¿Investigará la Procuraduría General de la República lo que ocurrió en ambos casos? ¿Serán identificados los funcionarios que dejaron en libertad a Acosta Cháirez y al Z-16? ¿Será debidamente informado el público sobre el asunto?