El martes pasado, el diputado panista Jorge Luis Preciado exhibió tres cartulinas en el pleno de la Cámara de Diputados. Ello sucedió durante la sesión en que la mayoría lopezobradorista aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que crea una fiscalía dependiente del presidente de la República y no, como muchos hubiéramos deseado, autónoma de éste.
En la primera de las cartulinas el diputado colimense anotó: “Asesinatos Calderón: 208”; en la segunda: “Asesinatos Peña: 232”; y en la tercera: “Asesinatos AMLO: 363”.
Según lo explicó, los números de asesinatos correspondían a los que se cometieron durante los primeros 10 días de la administración de los tres presidentes de la República más recientes, incluido el actual.
Así, el número de homicidios dolosos que se cometieron en los primeros 10 días del gobierno de Enrique Peña Nieto fue 11.5% mayor que los registrados en los primeros días de la administración calderonista. Por su parte, los asesinatos perpetrados durante los primeros 10 días del actual gobierno superan en 56.5% a los que se contabilizaron durante el mismo periodo del gobierno recién concluido.
Los números son para preocupar al más calmado ya que muestran que los muertos generados por la violencia e inseguridad van en aumento, pese a que el nuevo gobierno está comprometido a darnos seguridad a todos los mexicanos.
Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de asumir el cargo hace menos de dos semanas y es imposible que en tan poco tiempo él y su equipó ya tengan el control de la situación, como tal vez quisiera hacernos creer el diputado panista.
Sin embargo, conforme se vayan acumulando los muertos en los depósitos de cadáveres y en las funerarias del país, la opinión pública empezará a demandar resultados al nuevo gobierno federal. Ignoro cuánto le dure la paciencia al pueblo bueno y sabio, tal vez seis meses, tal vez más o tal vez menos, pero tarde o temprano los muertos que Andrés Manuel heredó de Peña Nieto se convertirán en sus muertos.
Hasta octubre de este año se habían cometido 24,022 homicidios dolosos y 2018 será el año más violento en la historia moderna de nuestro país. Esta cifra es 16.5% superior a la registrada para el mismo periodo de 2017 y se estima que cerraremos el año con unos 28,000 asesinatos, que es 11.9% más que los 25,082 que se perpetraron en 2017. De este total, 388 de los asesinados eran policías municipales y estatales en 30 de los 32 estados federales.
Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra la delincuencia, en diciembre de 2006, en México han muerto de manera violenta poco más de 250,000 personas. Esto significa que el país está poblado de decenas de miles de homicidas, muchos de ellos verdaderos asesinos seriales, que conviven entre nosotros sin que sospechemos quiénes son.
El vivir entre tantos asesinos, secuestradores, ladrones, estafadores, extorsionadores y todo tipo de criminales que actúan con casi absoluta impunidad, es una realidad que la mayoría de los mexicanos no hemos concientizado. Cuando caminamos en alguna calle o entramos a un lugar público es muy probable que junto a nosotros esté alguien que sin compasión podría matarnos o arrebatarnos alguno de nuestros bienes.
Si el gobierno de Andrés Manuel en serio quiere protegernos debe, antes que nada, saber en dónde están los criminales que tanto dañan al país, porque combatirlos exige tenerlos bien ubicados físicamente para poder actuar contra ellos.
Por eso, los mexicanos debemos exigirles a los nuevos responsables de la seguridad pública que averigüen dónde están los delincuentes y los persigan de inmediato.
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