Donald Trump volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al decir que podría renegociar o reemplazarlo por acuerdos bilaterales: uno con México y otro con Canadá. Afirmó que “ya no funciona como debería” y que “es momento de hablar directamente con cada país”. Para él, el tratado podría dejar de existir si México no se ajusta al nuevo molde que quiere imponer, reflejado en la advertencia intimidatoria que, el 30 de septiembre en el Economic Club of New York, lanzó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer: “México no está cumpliendo al 100% con sus obligaciones bajo el T-MEC; no tiene sentido hablar de extender o actualizar el tratado mientras eso persista”. Sus palabras reflejaron el endurecimiento de la política comercial de EEUU: primero cumplir, luego negociar, lógica afín a la Doctrina Monroe 2.0 impulsada por grupos conservadores que buscan reafirmar el control de EEUU en Latinoamérica y que Trump ha adoptado con entusiasmo.
Greer aseguró que los principales focos de incumplimiento están en energía, telecomunicaciones, agricultura y materia laboral. Según él, México ha debilitado la independencia regulatoria, protegido a Pemex y CFE y tolerado prácticas contrarias a sus compromisos laborales. Mientras eso continúe, sentenció, EEUU no hablará de una renovación ni de una prórroga del T-MEC.
Esa postura coincide con la ofensiva del United Auto Workers (UAW), que acusa a México de no garantizar la libertad sindical ni la inspección laboral efectiva. Para los sindicatos estadounidenses, el T-MEC solo puede sobrevivir si se convierte en un instrumento de presión que obligue a México a mejorar las condiciones laborales, pero también a proteger los empleos y salarios en EEUU, visión reforzada por Trump decidido a exhibir a México como un socio que obtiene ventajas sin corresponder en cumplimiento.
En EEUU también preocupa la pérdida de independencia regulatoria. La sustitución del IFT por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y el papel cada vez más activo de CFE Telecom alimentan la idea de que el gobierno busca recuperar el control de sectores estratégicos. Paradójicamente, es el mismo argumento que Trump usa para defender sectores clave en su país. En agricultura, la idea impulsada por grupos nacionalistas mexicanos de sacar los granos del T-MEC para lograr la autosuficiencia detonaría represalias y reforzaría la narrativa estadounidense sobre el incumplimiento de México.
A lo anterior se suma el arancel de 25% que entrará en vigor el 1 de noviembre a camiones medianos y pesados fabricados en México, el cual pondrá a prueba a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que hablará con Trump para evitarlo.
La advertencia de Greer y la amenaza de Trump marcan un cambio de época. EEUU dejó de hablar de cooperación y empezó a hablar de disciplina: si México no corrige pronto sus frentes laborales, regulatorios y comerciales, llegará debilitado a la revisión de 2026. En la lógica hoy dominante en Washington, el incumplimiento no se discute: se castiga. México, que durante años fue visto como un socio confiable, está a punto de comprobarlo si es que Claudia Sheinbaum no convence a Trump de que lo sigue siendo.
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